El asesinato de dos hijos de una pareja de conocidos periodistas mexicanos el pasado sábado sería producto de una deuda de poco más de 800 dólares que habrían contraído los jóvenes por compra de droga, según dijo el martes el gobierno local.
Esta hipótesis proviene de las declaraciones del único detenido por el asesinato de los hermanos Alfredo y Diego Páramo, de 20 y 21 años, la madrugada del sábado en la ciudad de Chihuahua (norte).
El detenido, de 25 años, estuvo en comunicación constante esa noche con Diego Páramo y reconoció haber citado, a través de mensajes de texto telefónicos, a los dos hermanos en el lugar donde otra persona los asesinó a tiros dentro de su automóvil, explicó este martes el gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, a la televisora Milenio.
Los testimonios del detenido coinciden con el contenido de las comunicaciones que sostuvo con Diego Páramo antes del crimen, y que se refieren una deuda de 10.000 pesos (816 dólares) que la víctima tenía 'por consumo de estupefacientes', dijo Duarte.
'Tenemos identificados al autor material e intelectual, estamos rastreando su paradero', aseguró el gobernador
Los dos asesinados son hijos de David Páramo, un periodista de información financiera en medios nacionales, y de Marta González Nicholson, directora de un diario de información policíaca en Chihuahua, un estado fronterizo con Texas (Estados Unidos) con altos índices de violencia del crimen organizado.
En días pasados, organizaciones defensoras de los periodistas criticaron que la Fiscalía del estado de Chihuahua hubiera descartado desde el principio que el crimen estuviera vinculado con la profesión de los padres de las víctimas.
Chihuahua es uno de los estados más afectados del país por la violencia que genera el crimen organizado, al que se responsabiliza de la mayoría de los más de 70.000 asesinatos que se cometieron en México entre 2006 y 2012.
A su vez, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo con un total de 84 informadores asesinados y 20 desaparecidos desde el año 2000, crímenes que permanecen impunes en más de un 90%, según la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también está investigando el asesinato de los jóvenes.