La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó este miércoles la “insistencia” del Gobierno de El Salvador en procesar y “criminalizar” a periodistas que reprodujeron contenidos y divulgaron información que las autoridades consideran confidencial.
El asesor jurídico de la Presidencia de El Salvador, Javier Argueta, recomendó a tres funcionarios del Gobierno que “demanden por difamación” a periodistas de medios locales que reportaron sobre las sanciones que el Gobierno estadounidense les impuso por “actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos”.
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No es la primera vez que Argueta amenaza con querellas contra periodistas, señaló en un comunicado la SIP, con sede en Miami (EE.UU.).
En septiembre pasado, Argueta dijo que emprendería acciones legales contra reporteros de la revista GatoEncerrado que informaron de que Argueta maniobró para que la Corte Suprema de Justicia avalara la reelección del presidente Nayib Bukele, en caso de que se negasen a divulgar sus fuentes de información.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, subrayó que “el hecho de que los periodistas puedan ser demandados por hacer su trabajo y obligados a revelar sus fuentes implica serios atropellos a la libertad de prensa y a la democracia”.
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En la misma línea, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que “criminalizar a los periodistas violentando el secreto profesional es un arma con la que se quiere inhibir al periodismo y a las fuentes informativas para prevenir que los hechos de corrupción pública salgan a la luz”.
Canahuati y Jornet lamentaron que el Gobierno salvadoreño siga imponiendo cortapisas a la libertad de prensa y pidieron mayores garantías de libertad de prensa para fortalecer la democracia como establecen las declaraciones de Chapultepec y Salta.
La Declaración de Chapultepec advierte que “no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”.
Y la Declaración de Salta alerta de que “los Gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad”.
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La semana pasada la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos, cuyo artículo 25 castiga con entre cinco y ocho años de prisión a quien “deliberadamente obtenga o transfiriera mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación información de carácter confidencial”.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece en su punto 11 que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
Añade que las leyes que “penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
