Esta es calificada con orgullo como “la más fuerte en el país” por el gobernador republicano de este estado del sur.
Aunque la jueza mantuvo algunos bloqueos a la ley al considerar que topa con responsabilidades del Estado federal, se negó a bloquear partes tan polémicas como permitir la criminalización de los inmigrantes sin papeles de residencia y autorizar que las escuelas verifiquen el estatuto migratorio de sus alumnos, indicaron documentos judiciales.
Ante esta decisión, cientos de estudiantes de la Universidad de Alabama se reunieron para protestar contra esta ley, una de las más duras en el país contra la inmigración ilegal. La jueza de distrito Sharon Blackburn indicó en su fallo de 115 páginas que algunas partes de la ley entran en conflicto con las leyes federales y las mantuvo bloqueadas.
Pero entre los segmentos que consideró que podían mantenerse figuran puntos claves, como una disposición para que la Policía detenga sin derecho a fianza a presuntos inmigrantes indocumentados, otra que considera delito menor que un residente ilegal no tenga prueba de residencia o la que permite a las escuelas primarias y secundarias verificar el estatuto migratorio de sus alumnos.
“Con estas partes que se mantienen en pie, tenemos la ley migratoria más fuerte en este país”, dijo a medios locales el gobernador republicano del estado, Robert Bentley, al salir del Capitolio de la ciudad de Montgomery.
Puntos
“Hoy -ayer- la jueza Blackburn confirmó la mayoría de nuestra ley y temporalmente, y digo temporalmente, sólo bloquea cuatro secciones”, apuntó el gobernador sin aceptar preguntas de los periodistas. “Es una ley horrenda y un fallo escandaloso”, dijo Frank Sharry, director ejecutivo de la fundación America’s Voice Education, al recalcar que sólo el Gobierno federal puede solucionar el sistema de inmigración.
“En una decisión inusual de la corte, que va contra cualquier otra corte federal. La jueza Blackburn confirmó ayer la parte más absurda y discriminatoria de la ley de inmigración de Alabama aprobada a principios de este año”, agregó Sharry. El fallo era esperado con atención por organismos de derechos humanos y el Gobierno ante la alarma que ha causado en los 11 millones de indocumentados, en su mayoría hispanos, que viven en EUA. La ley, ampliamente criticada por organizaciones defensoras de los inmigrantes, iba a entrar en vigor el 1 de septiembre, pero, el 29 de agosto, la misma jueza bloqueó temporalmente los puntos más controversiales “para contar con más tiempo para decidir sobre el caso”.
