Grupos de derechos humanos interpusieron este jueves una demanda contra una medida del estado de Arizona (suroeste de EEUU), que niega licencias de conducir a los jóvenes indocumentados beneficiados con una orden presidencial que les permite trabajar legalmente.
La demanda busca bloquear una orden ejecutiva de la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, que niega las licencias de conducir a los jóvenes sin papeles beneficiados con el programa de 'acción diferida', que suspende sus deportaciones por dos años.
Brewer había ordenado esta medida el 15 de agosto, el mismo día en que el programa decretado por el presidente Barack Obama en junio entraba en vigor, para beneficio de 1,7 millones de indocumentados menores de 31 años y traídos por sus familiares cuando eran pequeños.
La demanda, el primer desafío legal contra Arizona por negar las licencias de conducir -que otros estados sí otorgaron a sus 'soñadores', como se conoce a estos jóvenes-, fue entablada, entre otros, por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona y el Centro Nacional de Inmigración.
El documento afirma que la decisión de la gobernadora Brewer interfiere con la ley federal de migración y viola una cláusula de la decimocuarta enmienda de la Constitución, que garantiza la protección igualitaria ante la ley.
La medida de la gobernadora 'es un desvergonzado ataque a nuestra juventud', dijo Alessandra Soler, directora de ACLU de Arizona, en un comunicado. 'Cuando se les niega a nuestros residentes más jóvenes y brillantes las licencias de conducir, se les impide ir a la escuela, al trabajo y realizar sus sueños'.
Se estima que cerca de 1,4 millones de jóvenes estudiantes aplican al programa de acción diferida, de los cuales 54.000 viven en Arizona, según el independiente Centro de Política Migratoria.
Brewer señaló en su orden que la 'acción diferida' de Obama les daba a los jóvenes un 'acceso inadecuado a beneficios públicos locales o estatales' y que su estado no emitiría licencias de conducir a individuos que, a pesar de tener permisos temporales de trabajo, aún no residen legalmente en el país.
Arizona, principal punto de paso para indocumentados en la frontera con México, aprobó en 2010 una dura ley contra la inmigración ilegal que por primera vez estipulaba el fenómeno como un delito estatal.
En junio, la Corte Suprema declaró inconstitucional esta medida, pero autorizó a la policía de Arizona a controlar los papeles de cualquier sospechoso de ser indocumentado.
La 'acción diferida' garantiza el derecho a trabajar, pero las licencias de conducir son facultativas en cada estado.
