Jesús Serrano trabaja para una compañía de camiones de carga con sede en Los Ángeles. Serrano dijo que él y unos 70 conductores se han puesto de acuerdo para no transitar por Arizona.
La protesta del caminero es contra la ley promulgada en Arizona que convierte en delincuentes a los inmigrantes indocumentados en ese estado de la unión americana.
Casi el 40% de las frutas y verduras importadas de México a Estados Unidos pasan por Nogales, en Arizona, y Serrano dijo que la protesta de los camioneros podría crear una acumulación de productos en las barracas de Nogales.
“Una y otra vez los tribunales han determinado y han dejado bien claro que la autoridad para regular y aplicar las leyes de inmigración es de dominio exclusivo del Gobierno Federal”, lamentó por su parte, Karen Tumlin, del Centro Nacional de Ley de Inmigración. “Esta ley viola el ámbito federal cuando trata de regular y aplicar la ley de inmigración”.
Una auténtica oleada de cólera se ha desatado entre la comunidad hispana de Estados Unidos tras la firma de la ley que entrará en vigor en 90 días y que, por primera vez en la historia de este país, permite a la Policía detener y castigar a un ciudadano por el simple hecho de ser un inmigrante ilegal. La medida, de múltiples consecuencias y extraordinario simbolismo, tendrá que ser debatida ante los tribunales de justicia y, probablemente, obligará a una acción de respuesta del presidente Barack Obama.
Benjamin Johnson, director del Consejo Estadounidense de Inmigración, opinó que la ley es más vulnerable por el flanco de los derechos civiles, ya que puede motivar detenciones y revisiones simplemente debido a la apariencia de las personas.
La ley, que fue firmada el viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, después de que fuera aprobada por ambas Cámaras del Congreso estatal, da derecho a los miembros de los servicios de seguridad a exigir a cualquier persona en la calle documentos que prueben que está aquí legalmente. De lo contrario, puede ser encarcelado hasta por seis meses, multado con 2,500 dólares y expulsado del país.
Varias demandas
El Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Legal y Educación, Maldef, indicó en un comunicado que la legislación “lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país”.
Maldef señaló que iniciará una querella legal contra le legislación de Arizona.
William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, señaló que también su grupo prepara una querella legal en el ámbito federal para impedir que se aplique la Ley de Arizona.
“Millones de latinos en todo el país están conmocionados”, sostuvo Sánchez, cuyo grupo representa a unas 30,000 iglesias evangélicas en todo el país incluidos 300 pastores hispanos en Arizona.
En protesta por la promulgación de la ley, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración canceló su convención nacional programada para el otoño en Arizona, al tiempo que ocurrían en Phoenix algunas manifestaciones callejeras.
La aprobación de la ley la semana pasada en la Asamblea de Arizona respondió al clamor de ciudadanos, especialmente cerca de la frontera de México, después de que un ranchero fue asesinado, supuestamente por inmigrantes indocumentados o contrabandistas, en una región por donde cada año cruzan millones de extranjeros que ingresan ilegalmente a Estados Unidos.
“No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina de los contrabandistas de drogas”, dijo Brewer después que promulgó la ley. “Los ciudadanos en todo el país miran a ver cómo Arizona aplica esta ley, y hay quienes están listos a saltar ante la menor equivocación”.
Argumentos contra la ley
Los adversarios de la ley opinan que - en un estado donde hay más de 1.8 millones de hispanos- el 29% de la población de Arizona, entre ellos unos 420,000 inmigrantes indocumentados es muy difícil que pueda aplicarse sin que la Policía se enfoque en los latinos.
Una estipulación de la ley prohíbe que la Policía use solamente la “raza” - es decir los rasgos físicos, la apariencia - para sospechar sobre la situación legal de una persona, pero la ley no prohíbe que la “raza” sea uno de los factores.
Un sheriff cruel
No es casualidad que sea Arizona donde se aprueba esta controvertida ley. Arizona lleva ya algún tiempo llamando la atención de los grupos de derechos humanos por las condiciones impuestas en uno de sus condados, Maricopa, por un sheriff cruel llamado Joe Arpaio, que presume de mantener los inmigrantes a raya con métodos vigorosos, como la constante intimidación de parte de sus policías a las familias mexicanas con intención de atemorizarlas y obligarlas a regresar. En el condado de Maricopa, a espaldas del país tolerante y culto que Obama representa, viven entre alambradas cientos de presos a los que el sheriff Arpaio obliga a vestir uniformes rosas y calzoncillos rosas, entre otras medidas degradantes.
La situación en Arizona y en otros estados fronterizos con México, como California, Texas o Nuevo México, ha llegado, ciertamente, a un punto de gran inquietud. Pero no sólo porque miles de personas crucen la frontera ilegalmente cada día para engrosar la cifra de entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país, sino porque muchos de los negocios y de la agricultura de esa región están basados en la mano de obra barata que ofrecen los trabajadores sin papeles.
Esa explotación, basada en las lamentables condiciones económicas y de seguridad al sur de la frontera, ha dado lugar a una profunda crisis en esos estados, donde miles de personas subsisten en condiciones precarias, la criminalidad aumenta y el rechazo social se agudiza.
La ley aprobada en Arizona pone ahora en primer plano situaciones como ésa y aumenta dramáticamente la presión sobre el Congreso para que se apruebe una dificilísima pero imprescindible ley de inmigración.
Esta legislación, que representa un gran riesgo político para los congresistas, parecía imposible a siete meses de las elecciones legislativas. Pero en los últimos días la Casa Blanca se ha puesto en contacto con los líderes demócratas en el Capitolio con el fin de conseguir su aprobación cuanto antes.
Nueva ley
El líder demócrata en el Senado, Harry Reid, cuyo escaño puede ser decidido por los muchos hispanos de Nevada, ha prometido que habrá una ley de inmigración este año.
“El pueblo estadounidense merece una reforma integral y judiciosa”, ha dicho Obama.
Solamente un senador republicano, Lindsay Graham, está negociando en estos momentos con otro demócrata, Chuck Schumer, un posible texto de reforma, basada en un programa de permisos de trabajo temporal, multas y obligación de aprender inglés para los que busquen la legalización y tarjetas de identificación.
Para los demócratas, cuyas perspectivas electorales en noviembre se anuncian difíciles, la tentación es romper la baraja y presentar un texto propio de reforma, como ya hicieron con la reforma de los servicios de salud o la bancaria.
Los demócratas pueden “empujar ahora para luego decir durante la campaña electoral que al menos lo intentaron”, explica Tamar Jacoby, presidenta de Immigration Works, una coalición de empresarios que pelea por lograr una reforma migratoria.
Los republicanos lo tienen también complicado, puesto que son el partido minoritario y están también muy presionados por parte del nuevo fenómeno conservador estadounidense, el denominado Tea Party.
