Brasília.
¿Tiene moral el Senado para someter a juicio a Dilma Rousseff? La pregunta que lanzó una senadora provocó ayer gritos y agravios en el segundo día de un juicio histórico de destitución contra la presidenta brasileña.
“Tienen que respetar nuestra posición”, profirió el jefe del Senado, Renan Calheiros, en medio de un clima de alta tensión que provocó dos suspensiones de las sesiones, en las que la defensa presenta sus argumentos en favor de la mandataria de 68 años.
El senado se convirtió en “¡un manicomio!”, se quejó este emblemático legislador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Sus dardos iban dirigidos a la senadora Gleisi Hoffman, del Partido de los Trabajadores (PT) y una de las más entusiastas defensoras de Dilma, suspendida en mayo. “Este proceso es una farsa”, dijo ayer Hoffman. Un día antes, fue más letal: “¿Qué moral tiene el Senado para someter a juicio a Dilma?”, preguntó.
Los debates en el Senado no son más que un reflejo de la profunda polarización en Brasil, marcada por un gigantesco escándalo de corrupción que salpica a todas las filas, tanto de izquierda como de derecha.
Todo en un contexto amargo: Brasil atraviesa la peor recesión en décadas y está golpeada además por una inflación de más del 10%, desempleo que afecta a 11 millones de personas y un déficit de 45.000 millones de dólares.
Los sondeos y analistas coinciden en que la tendencia es prácticamente irreversible en favor de la destitución de la mandataria, suspendida desde el 12 de mayo.
Rousseff, la primera presidenta de Brasil, elegida en 2010, está acusada de manipular datos para ocultar la verdadera situación de las cuentas públicas de su gobierno, y emitir por decreto líneas de crédito sin el aval del Congreso. La mandataria insiste en que es “inocente” y denuncia ser víctima de un “golpe de estado” orquestado por Temer.
Un Senado señalado
El Senado de Brasil es muy estricto en cuanto a normas de decoro, al punto de no permitir que los hombres entren al recinto sin saco o corbata. Pero cuando se trata de denuncias de corrupción, los legisladores que ahora ofician de jueces de Rousseff, son bastante más laxos.
La organización Transparencia Brasil reveló que un 59% de los 81 senadores han sido condenados, acusados o investigados por crímenes en algún momento. El mismo porcentaje se repite en la Cámara de Diputados, que dio luz verde a el inicio de este proceso de impeachment.
El presidente del Senado, Renan Calheiros, está acusado de recibir millones de dólares en sobornos, junto a otros políticos y líderes empresariales, enmarcados en la multimillonaria trama de corrupción de la estatal petrolera Petrobras.
Otro “pez gordo” es el del senador Aecio Neves, que perdió por 3% las elecciones en 2014 ante Rousseff. Neves, que defiende el impeachment, sería candidato nuevamente en 2018. El senador es investigado por supuestamente aceptar sobornos y su familia está en la mira por una cuenta bancaria secreta en Liechtenstein.
¿Tiene moral el Senado para someter a juicio a Dilma Rousseff? La pregunta que lanzó una senadora provocó ayer gritos y agravios en el segundo día de un juicio histórico de destitución contra la presidenta brasileña.
“Tienen que respetar nuestra posición”, profirió el jefe del Senado, Renan Calheiros, en medio de un clima de alta tensión que provocó dos suspensiones de las sesiones, en las que la defensa presenta sus argumentos en favor de la mandataria de 68 años.
El senado se convirtió en “¡un manicomio!”, se quejó este emblemático legislador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Sus dardos iban dirigidos a la senadora Gleisi Hoffman, del Partido de los Trabajadores (PT) y una de las más entusiastas defensoras de Dilma, suspendida en mayo. “Este proceso es una farsa”, dijo ayer Hoffman. Un día antes, fue más letal: “¿Qué moral tiene el Senado para someter a juicio a Dilma?”, preguntó.
Los senadores Ronaldo Caiado y Fátima Bezerra discuten en una audiencia del juicio político contra Dilma Rousseff. Foto: EFE/Cadu Gomes
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Todo en un contexto amargo: Brasil atraviesa la peor recesión en décadas y está golpeada además por una inflación de más del 10%, desempleo que afecta a 11 millones de personas y un déficit de 45.000 millones de dólares.
Los sondeos y analistas coinciden en que la tendencia es prácticamente irreversible en favor de la destitución de la mandataria, suspendida desde el 12 de mayo.
Rousseff, la primera presidenta de Brasil, elegida en 2010, está acusada de manipular datos para ocultar la verdadera situación de las cuentas públicas de su gobierno, y emitir por decreto líneas de crédito sin el aval del Congreso. La mandataria insiste en que es “inocente” y denuncia ser víctima de un “golpe de estado” orquestado por Temer.
Dilma se prepara para comparecer el lunes. Foto: EFE/Cadu Gomes
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El Senado de Brasil es muy estricto en cuanto a normas de decoro, al punto de no permitir que los hombres entren al recinto sin saco o corbata. Pero cuando se trata de denuncias de corrupción, los legisladores que ahora ofician de jueces de Rousseff, son bastante más laxos.
La organización Transparencia Brasil reveló que un 59% de los 81 senadores han sido condenados, acusados o investigados por crímenes en algún momento. El mismo porcentaje se repite en la Cámara de Diputados, que dio luz verde a el inicio de este proceso de impeachment.
El presidente del Senado, Renan Calheiros, está acusado de recibir millones de dólares en sobornos, junto a otros políticos y líderes empresariales, enmarcados en la multimillonaria trama de corrupción de la estatal petrolera Petrobras.
Otro “pez gordo” es el del senador Aecio Neves, que perdió por 3% las elecciones en 2014 ante Rousseff. Neves, que defiende el impeachment, sería candidato nuevamente en 2018. El senador es investigado por supuestamente aceptar sobornos y su familia está en la mira por una cuenta bancaria secreta en Liechtenstein.
Seguidores y opositores se manifestaron. Foto: AFP/Andressa Anholete
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