Madrid/ Ciudad de Panamá.
El presidente panameño, Ricardo Marinelli, exigió hoy el cumplimiento del contrato para la ampliación del Canal de Panamá por parte de un consorcio de empresas liderado por la española Sacyr, cuyas acciones se desplomaron en la bolsa española ante los desacuerdos presupuestarios sobre la obra.
El consorcio -integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA- avisó el miércoles a Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de que suspenderá sus trabajos en la ampliación del Canal de Panamá si para el día 20 próximo no reconoce los sobrecostes de 1.600 millones de dólares (unos 1.168 millones de euros) en el proyecto de construcción de esclusas del Canal.
Ante una eventual suspensión de los trabajos en el Canal, el presidente de Panamá anunció hoy mismo que viajará a España e Italia para exigir a sus gobiernos que convenzan a las empresas implicadas en el proyecto que cumplan con lo establecido en el contrato.
'Yo voy a ir a España e Italia a exigirle a estos gobiernos, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecoste en una obra de ampliación, que es una obra para la humanidad, que cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios', declaró Martinelli.
Por su parte, el Gobierno de España comparte con el de Panamá el 'deseo y el interés' para encontrar una solución 'a la mayor brevedad posible' al conflicto que amenaza con la suspensión de las obras para la ampliación del Canal de Panamá, dijeron hoy a EFE fuentes gubernamentales españolas
'Panamá es un país amigo y cercano a España con el que compartimos el deseo y el interés de que se encuentre una solución a la mayor brevedad posible', recalcaron las mencionadas fuentes.
La ministra española de Fomento, Ana Pastor, mantiene conversaciones con el ministro panameño para los Asuntos del Canal, Roberto Roy, y con Sacyr para buscar 'la mejor solución' al conflicto, según dijeron a EFE fuentes de dicho Ministerio.
Ante la perspectiva de la suspensión de los trabajos en el Canal de Panamá, las acciones de Sacyr perdieron hoy en la Bolsa de Madrid un 8,95 %, para quedar en 3,43 euros (unos 4,69 dólares), la mayor caída de la sesión en el índice del mercado, IBEX 35.
El primer día del año, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) anunció que suspenderá las obras ante la imposibilidad de llevarlas a cabo por la suma inicialmente fijada en el contrato, y envió una nota a la ACP en la que le dio un plazo de 21 días para 'cumplir con los requerimientos solicitados' si quiere evitar la paralización de las obras.
El consorcio sostiene que los sobrecostes corresponden a incumplimientos contractuales por parte de la ACP, que, por su parte, rechaza de manera 'categórica las presiones' del grupo de empresas para negociar 'fuera del contrato'.
Sacyr declaró hoy que el consorcio 'mantiene abierta' la interlocución con la ACP 'para alcanzar un acuerdo satisfactorio que ponga fin al actual desequilibrio contractual'.
El exadministrador de la ACP Alberto Alemán Zubieta consideró que el consorcio 'debe terminar' la obra y presentar, ahora o después, sus reclamaciones económicas por las vías establecidas en el contrato.
'Están reclamando que esto le ha costado mucha más plata o que tienen pérdidas, pero esos son problemas que tiene ellos', afirmó al subrayar que 'para mí no hay tal cosa porque ellos manejan y deben controlar sus costos'.
Las obras de ampliación del Canal de Panamá comenzaron en 2007 y se prevé estén listas en junio de 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato.
El proyecto de ampliación del Canal de Panamá fue calculado en 5.250 millones de dólares (unos 4.032 millones de euros), de los cuales 3.118 millones (unos 2.278 millones) corresponden al contrato para la construcción de las nuevas esclusas.
Ya en 2012 el consorcio reclamó 585 millones de dólares (428 millones de euros) por problemas con la mezcla de cemento, lo que fue rechazado por la ACP.
Además, el pasado mes de diciembre, el consorcio presentó otra reclamación por 850 millones de dólares (622 millones de euros), que todavía no se ha resuelto.
