La liberación de varios congresistas presos por presuntos nexos con grupos paramilitares, originó un debate en Colombia sobre la efectividad del proceso penal de la ‘parapolítica’, que coincide con el interés de la Corte Penal Internacional, CPI, de conocer la situación de los involucrados.
El proceso de la ‘parapolítica’, que se inició en septiembre de 2006 por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, ha llevado a la captura preventiva hasta ahora de 32 congresistas, la mayoría de ellos de la coalición oficialista que respalda al presidente Álvaro Uribe.
Al menos otros treinta políticos que están vinculados con la investigación esperan que se defina su situación jurídica. La investigación busca establecer básicamente hasta qué punto los nexos con jefes de las otrora Autodefensas Unidas de Colombia, beneficiaron política y electoralmente a los congresistas involucrados.
Como resultado del proceso fueron a la cárcel, entre otros, los en ese entonces senadores Mario Uribe --primo hermano del mandatario colombiano--, y Álvaro Araújo --hermano de la ex canciller María Consuelo Araújo--; mientras que el padre de éstos se encuentra prófugo de la justicia que lo requiere por la misma causa.
Ayer el ex senador Uribe salió de la cárcel luego que el martes la Fiscalía decidiera su libertad condicional, pero sigue vinculado al proceso y ahora un fiscal especial tendrá que determinar si cierra el caso o lo llama a juicio con las pruebas.
Proceso
Otros cuatro congresistas han sido liberados en los últimas semanas, aunque continúan procesados, y al menos dos más han sido absueltos en casos a cargo de la Fiscalía o de jueces que no dependen de ella. Las decisiones coinciden con un requerimiento del fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Luis Moreno, al Gobierno para que le informe sobre cómo se definirá la responsabilidad de los políticos presuntamente vinculados con los paramilitares.
