La protección a los derechos humanos tuvo en 2010 un progreso notable en Colombia pero sufrió retrocesos importantes en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Honduras, según el reporte anual del Departamento de Estado difundido el viernes.
La secretaria de Estado Hillary Clinton señaló a Venezuela en conferencia de prensa como uno de los principales ejemplos en una tendencia global de países que reprimen a la sociedad civil.
Clinton acusó al gobierno venezolano de usar a los jueces para intimidar a personas y organizaciones disidentes, incluyendo a manifestantes pacíficos, periodistas, a una jueza, miembros de partidos políticos opositores, organizaciones no gubernamentales, dirigentes sindicales y empresariales y ciudadanos comunes.
Denunció que un paquete de leyes aprobadas en diciembre por la Asamblea Nacional 'debilitó aún más los principios y costumbres democráticas', incluyendo una la ley habilitante que permite al presidente Hugo Chávez gobernar vía decreto durante 18 meses 'violando los principios compartidos de la Carta Democrática Interamericana'.
El documento reseñó que en Honduras se registró un aumento de asesinatos sin resolver y citó el hecho como uno de los principales ejemplos de una tendencia mundial de discriminación e intimidación según la orientación e identidad sexual de las personas.
El Departamento de Estado denunció 'casos en los que miembros de las fuerzas de seguridad de Honduras actuaron de forma independiente del control civil'.
Los mayores problemas señalados en el informe son: ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas de la seguridad y antiguos miembros de la Policía, corrupción de fuerzas de seguridad y del sistema judicial, pésimas condiciones penitenciarias y violencia contra mujeres y niños, entre otros.
El informe recoge las denuncias de un sustancial aumento de los asesinatos de niños y jóvenes con relación a los años anteriores. En 2009 se denunciaron 108 asesinatos infantiles.
Por otra parte, se constata el aumento de servicios de seguridad privados sin licencia y de grupos de vigilantes que patrullan vecindarios y municipios 'supuestamente para evitar delitos' aunque las organizaciones de derechos humanos han denunciado los vínculos de estos grupos con escuadrones de la muerte.
El informe también recoge que los medios de comunicación 'siguieron sufriendo corrupción, politización, vulnerabilidad a la manipulación de intereses especiales y un flojo profesionalismo'. De la misma manera señala los asesinatos y atentados sufridos por parte de periodistas hondureños.
Sobre Cuba, el departamento de Estado mencionó la liberación de más de 40 presos políticos cubanos, pero denunció que el gobierno de la isla mantiene a otras 'docenas' de prisioneros políticos —sin dar una cifra exacta— y que suprime derechos fundamentales como libertad de expresión, de prensa, de reunión y de religión.
Señaló un marcado incremento en las detenciones de corta duración a disidentes y la organización gubernamental de concentraciones masivas para acosar e insultar a activistas y sus familias, especialmente a las 'Damas de Blanco', y que en casos extremos causaron daños a sus viviendas o propiedades.
El informe también incluyó una crítica a Nicaragua, cuyo gobierno negó el derecho de reunión a manifestantes de partidos políticos opositores e impidió a organizaciones no gubernamentales monitorear elecciones regionales rodeadas de denuncias sobre irregularidades.
Además, sus autoridades continuaron criticando a líderes religiosos críticos de 'prácticas gubernamentales que afectaron la participación pública y las libertades democráticas'.
El Consejo Supremo Electoral aceptó la candidatura del presidente Daniel Ortega para su reelección en los comicios del 5 de noviembre, pese a solicitudes de partidos opositores para anular su postulación.
El único país latinoamericano que recibió un reconocimiento fue Colombia, donde según el documento, que evalúa a 194 naciones del orbe, pese a las continuas amenazas contra defensores de derechos humanos y sindicalistas en Colombia, se redujo la cantidad de ejecuciones extrajudiciales entre 2008 y 2009, y varios oficiales militares de alto rango resultaron convictos por crímenes contra los derechos humanos en ese país.
El informe elogió las iniciativas del presidente Juan Manuel Santos de acercarse a la sociedad civil, incrementar las penas a las agresiones contra defensores de derechos humanos, y establecer un programa para restituir tierras a los desplazados por grupos armados.
La publicación del informe ocurrió un día después de que Santos acordara con el presidente Barack Obama adoptar 18 medidas para proteger los derechos laborales y combatir la impunidad que rodea a las agresiones contra sindicalistas colombianos, como paso previo para que la Casa Blanca gestione ante el Congreso la aprobación de un tratado de libre comercio estancado desde 2006.
