Una nueva ley de comunicaciones, promovida por el gobierno del presidente Rafael Correa y que limita la presencia de medios privados, entró en vigor ayer, en medio de críticas de algunos medios y de organizaciones de prensa.
La norma, aprobada por una amplia mayoría en el Congreso y que el sábado recibió el aval sin objeciones de Correa, fue publicada ayer en el Registro (Diario) Oficial y entró en vigencia. La Ley de Comunicación establece una nueva repartición de frecuencias y licencias de radio y televisión, concediendo 34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro.
Actualmente, 83% de las 1,147 frecuencias radiales y 68% de las 548 estaciones televisivas de señal abierta están bajo la categoría de comercial privada en la estatal Superintendencia de Telecomunicaciones.
La norma implementa la creación de un consejo con potestad para sancionar con multas a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones bajo el principio de responsabilidad ulterior y cuya finalidad es regular la difusión de contenidos violentos explícitamente sexuales o discriminatorios.
Reacción
El 20 de junio la SIP emitió un comunicado en el que manifiesta “preocupación por las serias repercusiones” de la ley, que regula el contenido de los medios y reduce la participación del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias.
Para la SIP, ese ente servirá para que “el poder político instale un marco jurídico propicio para la censura previa” y sostuvo que las consecuencias de la normativa “pueden ser nefastas para el ejercicio libre e independiente del periodismo”.
Por su parte, la organización estadounidense Human Rights Watch calificó la nueva Ley de Comunicación de “asalto a la libertad de expresión”. AFP
