Managua.
Según el Observatorio Ciudadano, dedicado a localizar casos de COVID-19 no reconocidos por las autoridades, además de los 12 casos sospechosos admitidos por el Gobierno, existen otros 144 que supuestamente ha ocultado desde el 14 de marzo, más seis que sí ha confirmado, de los cuales, uno falleció y tres se encuentran “delicados pero estables”.
El conteo paralelo de casos sospechosos en Nicaragua se da en medio de la desconfianza de médicos y científicos sobre los datos emitidos por la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario Daniel Ortega, de quien no se sabe nada desde el 12 de marzo pasado, antes de que la pandemia alcanzara el país centroamericano.
Según el Gobierno, los 6 casos de COVID-19 que se cuentan “son importados”, y “no existe transmisión comunitaria”, pese a que Cuba ya ha señalado que dos isleños fueron contagiados en Nicaragua.
De acuerdo con los miembros del Observatorio, quienes ven con preocupación cuando el Gobierno reporta muertes por “neumonía severa”, es imposible que el coronavirus no esté diseminado en el país, ya que el SARS-coV-2 no puede comportarse en Nicaragua de una manera diferente a la del resto del mundo.
IRREGULARIDADES
Solamente ayer el observatorio Ciudadano reportó 15 irregularidades estatales relacionadas con el COVID-19, desde arbitrariedades, hasta exposición de personas y personal de salud, amenazas, coacción, hostigamientos o represalias, tanto en instituciones del Estado como fuera de estas.
El observatorio asume como casos sospechosos las denuncias de personas que se logra confirmar que tienen síntomas de COVID-19, que fueron atendidas en centros médicos y luego enviadas a sus casas sin un diagnóstico convincente, con la orden de no salir ni hablar de su padecimiento, así como de revelaciones del personal del sistema de salud pública tras ser verificadas.
Hasta ahora el Ministerio de Salud es el único que puede confirmar casos de COVID-19, ya que el Gobierno no admite que los exámenes sean realizados por laboratorios independientes.
El Gobierno de Nicaragua no ha emitido ningún tipo de restricciones en medio de la pandemia, ni ha anunciado medidas de prevención social para mitigar su impacto. Las autoridades sostienen que están una fase de “vigilancia y monitoreo”.
Además de no prevenir la propagación del SARS-coV-2, el Gobierno nicaragüense promueve actividades multitudinarias, en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ante la posición del Gobierno, los nicaragüenses han tomado sus propias medidas de prevención, que incluyen el aislamiento social, cuarentena voluntaria, y medidas de higiene personal.
“Nuestra condecoración, nuestras medallas en el pecho, es, que todos nos sintamos protegidos, porque estamos haciendo lo que debemos hacer para proteger”, dijo Murillo hace dos días, lo que le valió críticas por atribuirse disposiciones ajenas.
El COVID-19 llegó a Nicaragua en medio de una crisis sociopolítica que desde 2018 ha dejado cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio. EFE
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) emplazó al mandatario de ese país, Daniel Ortega, a que aparezca en público tras una larga ausencia, y así determinar si existe un vacío en el poder o un abandono del cargo.
El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, quien está exiliado en Costa Rica, hizo el emplazamiento mediante una transmisión en vivo en Facebook en la que reseñó que a Ortega no se le ve en público desde el pasado 21 de febrero, y que la última vez que se supo algo de él fue el 12 de marzo cuando estuvo en una videoconferencia con los colegas del Sistema de Integración Centroamericana (Sica).
'La ANPDH emplaza al señor José Daniel Ortega para que en un plazo de 72 horas comparezca ante la nación nicaragüense para constatar que está al frente de la gestión publica del Estado', expresó Leiva.
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Según el activista de derechos humanos, Nicaragua necesita 'que se aclare cuál es la situación para determinar si nos encontramos frente a los supuestos constitucionales de abandono del cargo, de imposibilidad de gobernar, de incapacidad temporal o permanente, o si estamos frente a una falta definitiva'.
Leiva dijo que aunque existen antecedentes de largas ausencias de Ortega, hacerlo en medio de la pandemia por el coronavirus COVID-19 es 'una evidente irresponsabilidad que ha levantado muchas especulaciones'.
'La ausencia de la palestra pública es preocupante porque sumado a la situación política produce un Estado fallido, acéfalo. Es una situación que agrava la permanente violación de los derechos humanos que acontece en Nicaragua y deja a la población en alto riesgo y vulnerabilidad ante la pandemia', manifestó.
162 casos sospechosos; Daniel Ortega, ausente
El Observatorio Ciudadano COVID-19 informó este martes que en Nicaragua existen al menos 162 casos sospechosos de coronavirus, una cantidad superior a los 12 que reporta el Gobierno.Según el Observatorio Ciudadano, dedicado a localizar casos de COVID-19 no reconocidos por las autoridades, además de los 12 casos sospechosos admitidos por el Gobierno, existen otros 144 que supuestamente ha ocultado desde el 14 de marzo, más seis que sí ha confirmado, de los cuales, uno falleció y tres se encuentran “delicados pero estables”.
El conteo paralelo de casos sospechosos en Nicaragua se da en medio de la desconfianza de médicos y científicos sobre los datos emitidos por la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario Daniel Ortega, de quien no se sabe nada desde el 12 de marzo pasado, antes de que la pandemia alcanzara el país centroamericano.
Según el Gobierno, los 6 casos de COVID-19 que se cuentan “son importados”, y “no existe transmisión comunitaria”, pese a que Cuba ya ha señalado que dos isleños fueron contagiados en Nicaragua.
De acuerdo con los miembros del Observatorio, quienes ven con preocupación cuando el Gobierno reporta muertes por “neumonía severa”, es imposible que el coronavirus no esté diseminado en el país, ya que el SARS-coV-2 no puede comportarse en Nicaragua de una manera diferente a la del resto del mundo.
IRREGULARIDADES
Solamente ayer el observatorio Ciudadano reportó 15 irregularidades estatales relacionadas con el COVID-19, desde arbitrariedades, hasta exposición de personas y personal de salud, amenazas, coacción, hostigamientos o represalias, tanto en instituciones del Estado como fuera de estas.
El observatorio asume como casos sospechosos las denuncias de personas que se logra confirmar que tienen síntomas de COVID-19, que fueron atendidas en centros médicos y luego enviadas a sus casas sin un diagnóstico convincente, con la orden de no salir ni hablar de su padecimiento, así como de revelaciones del personal del sistema de salud pública tras ser verificadas.
Hasta ahora el Ministerio de Salud es el único que puede confirmar casos de COVID-19, ya que el Gobierno no admite que los exámenes sean realizados por laboratorios independientes.
El Gobierno de Nicaragua no ha emitido ningún tipo de restricciones en medio de la pandemia, ni ha anunciado medidas de prevención social para mitigar su impacto. Las autoridades sostienen que están una fase de “vigilancia y monitoreo”.
Además de no prevenir la propagación del SARS-coV-2, el Gobierno nicaragüense promueve actividades multitudinarias, en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ante la posición del Gobierno, los nicaragüenses han tomado sus propias medidas de prevención, que incluyen el aislamiento social, cuarentena voluntaria, y medidas de higiene personal.
“Nuestra condecoración, nuestras medallas en el pecho, es, que todos nos sintamos protegidos, porque estamos haciendo lo que debemos hacer para proteger”, dijo Murillo hace dos días, lo que le valió críticas por atribuirse disposiciones ajenas.
El COVID-19 llegó a Nicaragua en medio de una crisis sociopolítica que desde 2018 ha dejado cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio. EFE
