California, Estados Unidos.
A horas de que finalice el plazo de renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 45.000 hondureños en EEUU, activistas y defensores de los inmigrantes urgen hoy a sus beneficiarios a no perder este amparo que los protege hasta enero de 2020.
El actual periodo de reinscripción para los hondureños con TPS, unos 45,000 según las cifras que manejan las organizaciones a favor de los inmigrantes, inició el pasado 5 de junio y vence este 6 de agosto, y aquellos que extiendan hasta hoy este beneficio quedarán exentos del peligro de la deportación hasta el 5 de enero de 2020.
Desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el pasado 4 de mayo la cancelación de este programa para los hondureños, y dio ese último plazo de 18 meses, la decepción y el temor se apoderó de los originarios de ese país centroamericano protegidos con ese amparo, lo que ha obligado a los activistas a redoblar sus esfuerzos.
'Muchos no quieren arriesgar a realizar la reinscripción, creen que los van a deportar', señaló a Efe Leoncio Velasquez, director del grupo Hondureños Unidos de Los Ángeles (HULA), uno de los tantos que ve con preocupación una baja tasa de inscripción al TPS durante el periodo que culmina hoy.
Los hondureños con TPS son los inmigrantes que más tiempo se han beneficiado con el programa y en número de amparados son los segundos, superados solo por los salvadoreños (262,500), otro grupo para el que también ha sido cancelado el beneficio y dejará de estar vigente en septiembre de 2019.
Miguel Hernández, de 56 años, dejó hasta el último día para realizar la renovación de su permiso y confesó a Efe que pensó mucho si quería mantenerse 'a la vista' de las autoridades de inmigración. 'Es como pagarles para que después te pongan en la lista de deportación', reflexionó.
Para Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), organización miembro de la Alianza TPS, la presión para que el Congreso apruebe una legislación que favorezca a los miles de inmigrantes de los nueve países amparados con este programa debe contar con el esfuerzo de los mismos beneficiados.
Actualmente en el Congreso hay cinco propuestas de ley que están buscando proteger a esta legislación, cuatro presentadas en la Cámara de Representantes y la otra en el Senado.
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La preocupación por el futuro de estos inmigrantes llevó a que la semana pasada 110 congresistas pidieran al Gobierno restaurar el beneficio y advirtieron que poner fin al TPS, especialmente en el caso de los países centroamericanos, podría desestabilizar la región o desencadenar una nueva oleada de inmigración ilegal.
'Yo no tengo nada en Honduras, allá me iría a morir, además no es justo porque he trabajado toda mi vida aquí y se quedarían con mi retiro', dijo a Efe la hondureña Domicila Alemán, de 68 años y beneficiada con el TPS.
Actualmente, la Administración enfrenta dos demandas por cerrar estos programa. En una de ella, un juez en San Francisco rechazó en junio pasado el pedido del Gobierno Trump de desechar la querella.
Alvarado recordó que aquellos que estén protegidos con el amparo podrán beneficiarse si se da un fallo favorable.
Por lo pronto, en el Consulado de Honduras en Los Ángeles también están preocupados por las bajas tasas de reinscripción.
Mario Ordóñez, cónsul de Honduras en esta ciudad californiana, informó al diario local La Opinión que en el periodo de renovación de 2016 esta oficina consular asesoró cómo cumplimentar unas 1,500 solicitudes, mientras que hasta el sábado pasado, a tres días de la fecha limite, solo habían procesado 300 aplicaciones. EFE
