Washington, Estados Unidos.
Dos grupos de derechos civiles presentaron una demanda federal debido a la creciente práctica del Gobierno de Estados Unidos de registrar laptops y celulares en sus fronteras por considerarlo anticonstitucional.
La demanda presentada por la Fundación Frontera Electrónica y la Unión Americana por los Derechos Civiles (Aclu) sostiene que la práctica creciente del gobierno de registrar laptops y teléfonos en la frontera es anticonstitucional porque los dispositivos electrónicos contienen información privada y de negocios. El gobierno dice que los cateos son cruciales para la defensa del país.
La Cuarta enmienda constitucional prohíbe los cateos y confiscaciones no razonables y exige a la policía que las realice con orden judicial basada en causa probable. Sin embargo, las cortes han determinado excepciones para los aeropuertos y puntos de ingreso a Estados Unidos. Han resuelto que el gobierno puede realizar revisiones de esos dispositivos sin orden judicial para aplicar las leyes de inmigración y aduanas y proteger la seguridad interior.
La demanda nombra a altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y dos de sus dependencias, la de Aduanas y Protección Fronteriza y la de Inmigración y Aduanas (ICE).
La fundación y ACLU presentaron su demanda en la corte distrital en Massachusetts en nombre de 10 ciudadanos. Entre los demandantes hay un artista, dos periodistas, un conductor de limusina, dos estudiantes, un cineasta, un profesor universitario, un empresario, un programador de computadora y un ingeniero de la Nasa. A todos ellos los agentes de frontera les registraron sus dispositivos cuando regresaron de viajes al exterior, según la demanda.
Dos grupos de derechos civiles presentaron una demanda federal debido a la creciente práctica del Gobierno de Estados Unidos de registrar laptops y celulares en sus fronteras por considerarlo anticonstitucional.
La demanda presentada por la Fundación Frontera Electrónica y la Unión Americana por los Derechos Civiles (Aclu) sostiene que la práctica creciente del gobierno de registrar laptops y teléfonos en la frontera es anticonstitucional porque los dispositivos electrónicos contienen información privada y de negocios. El gobierno dice que los cateos son cruciales para la defensa del país.
La Cuarta enmienda constitucional prohíbe los cateos y confiscaciones no razonables y exige a la policía que las realice con orden judicial basada en causa probable. Sin embargo, las cortes han determinado excepciones para los aeropuertos y puntos de ingreso a Estados Unidos. Han resuelto que el gobierno puede realizar revisiones de esos dispositivos sin orden judicial para aplicar las leyes de inmigración y aduanas y proteger la seguridad interior.
La demanda nombra a altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y dos de sus dependencias, la de Aduanas y Protección Fronteriza y la de Inmigración y Aduanas (ICE).
La fundación y ACLU presentaron su demanda en la corte distrital en Massachusetts en nombre de 10 ciudadanos. Entre los demandantes hay un artista, dos periodistas, un conductor de limusina, dos estudiantes, un cineasta, un profesor universitario, un empresario, un programador de computadora y un ingeniero de la Nasa. A todos ellos los agentes de frontera les registraron sus dispositivos cuando regresaron de viajes al exterior, según la demanda.