Jerusalén, Israel.
Además, señaló que no todo el material debe estar en el Archivo del Estado, sino sólo el que le pertenezca, y rechazó el derecho a 'nacionalizar' documentos privados, aunque el Estado sí puede solicitar el consentimiento del titular para examinar el material, fotografiarlo o copiarlo.
Los herederos del documento han acordado ofrecerlo solo a un comprador que se comprometa a no retirarlo permanentemente del país ni entregarlo a una entidad excepto si esta es una institución pública, un museo o una exposición en Israel.
Sobre la legitimidad de los países como propietarios de este tipo de documentos, Israel se enfrentó a un caso similar cuando los herederos del que fuera primer ministro, Ariel Sharon, tuvieron que negociar con la Administración la propiedad de unos documentos que guardaba su padre y parte de los cuáles finalmente fueron llevados al Archivo del Estado.
Un tribunal israelí dio permiso hoy para subastar un borrador de la Declaración de la Independencia que pertenece a particulares, pese a la petición en contra del Estado, que lo considera un documento relevante que no debe venderse al público, informó hoy el diario 'Haaretz'.
Las autoridades israelíes intentaron frenar la venta del documento ante los tribunales en 2015, cuando los hijos del fiscal de Jerusalén, Mordechai Beham, que lo redactó a mano en 1948 a petición del futuro ministro de Justicia, Pinchas Rosen, pidieron a la casa de subastas local Kedem que se encargase de su venta.
Para Israel, el manuscrito no debe estar en manos particulares sino en los Archivos de Estado, por su considerable importancia.
Los hijos de Beham alegaron que su padre era un ciudadano particular que ayudó voluntariamente al futuro ministro de Justicia y que nunca intentaron esconder el documento, argumentos que aceptó el magistrado.
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Durante el juicio, el juez argumentó que Estado no ha buscado con anterioridad el documento y determinó que no fue demostrado que Beham fuese un funcionario público cuando lo redactó y que, en cualquier caso, no todo lo que elabora un trabajador público pertenece automáticamente al Estado.
 El precio inicial estimado de venta se estableció en 13.948 dólares (11.796 euros), según 'Haaretz'. EFE |
Los herederos del documento han acordado ofrecerlo solo a un comprador que se comprometa a no retirarlo permanentemente del país ni entregarlo a una entidad excepto si esta es una institución pública, un museo o una exposición en Israel.
Sobre la legitimidad de los países como propietarios de este tipo de documentos, Israel se enfrentó a un caso similar cuando los herederos del que fuera primer ministro, Ariel Sharon, tuvieron que negociar con la Administración la propiedad de unos documentos que guardaba su padre y parte de los cuáles finalmente fueron llevados al Archivo del Estado.
