Marchan en México por el asesinato de periodistas

Varios cientos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación marcharon ayer en Ciudad de México para exigir el esclarecimiento del asesinato de dos comunicadoras ocurrido este mes, y el fin de la impunidad en otros casos que afectan a víctimas de este gremio.

Bajo el lema “El peor crimen es el silencio” y “Basta de cubrir de sangre el suelo nacional”, los manifestantes se plantaron ante las oficinas de la Fiscalía General mexicana y del edificio de la Secretaría de Gobernación (Interior).

La asistencia fue nutrida, con más de quinientos profesionales, defensores de derechos humanos y simpatizantes de estos grupos manifestándose por el Paseo de la Reforma de la capital mexicana y sus inmediaciones.

El director de la revista Contralínea, Miguel Badillo, para la que trabajaba Marcela Yarce, una de las dos asesinadas, dijo a Efe que los manifestantes exigieron la investigación de todos los asesinatos contra periodistas, 102 ocurridos en once años de Gobiernos del Partido Acción Nacional, PAN, en el poder. “Se pidieron medidas de protección para el ejercicio profesional” periodístico, y se adquirió el compromiso de contactar a periodistas de todos los estados de México para construir una agenda que permita contar con medidas de protección efectivas en este país.

Sin avances

El director de Contralínea añadió que por el momento no hay avances sustantivos sobre quiénes pueden estar detrás del asesinato de las comunicadoras Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, aún sin esclarecer, halladas sin vida el 1 de septiembre pasado en un parque del barrio de Iztapalapa, en el sudeste de la capital mexicana.

Las pesquisas sobre esas dos muertes giran en torno a un posible robo, a motivos profesionales por la labor periodística de las víctimas o a alguna relación sentimental de ellas con otras personas.

También se investigan motivos relacionados con la publicación de una revista de carácter inmobiliario promovida por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, en la que ambas trabajaban.

En los últimos años, a los tradicionales abusos cometidos por autoridades federales, estatales y locales contra los informadores, se han sumado las agresiones de grupos de la delincuencia organizada, sobre todo en estados del norte del país.