Washintong, Estados Unidos
La demanda presentada ante la
CPI refiere a las llamadas “Misiones de internacionalización” implementadas por La Habana desde hace décadas, por las cuales médicos y otros profesionales son enviados por periodos de tres años a trabajar en diferentes países, que pagan directamente al gobierno cubano por los servicios recibidos.
El expresidente de Cuba Raúl Castro y el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, entre otras altas autoridades de la isla, fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) por “crímenes de lesa humanidad de esclavitud”, anunciaron ayer en la OEA las entidades que presentaron el caso.
La asociación española Cuban Prisoners Defenders (CPD) y la ONG cubana Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) radicaron la semana pasada la denuncia ante la Fiscalía de la CPI, que ya acusó recibo formal de la petición, dijeron representantes de CPD en rueda de prensa en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Castro, Díaz-Canel y los ministros cubanos José Ángel Portal (Salud), Rodrigo Malmierca (Comercio Exterior), Bruno Rodríguez (Relaciones Exteriores) y Margarita González (Trabajo), fueron denunciados por “crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos”, dijo Javier Larrondo, fundador de CPD, y cofundador y representante para la Unión Europea (UE) de Unpacu.
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La mayoría de países latinoamericanos, africanos y caribeños han acogido misiones cubanas, también España, Italia, Portugal, Suiza y Malta.
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El texto detalla “sometimiento, control y medidas represivas” por parte de las autoridades, así como retención de al menos 75%, y hasta 89%, del salario de los profesionales, separación familiar forzada, amenazas, acoso sexual, violencia “frecuente”, adoctrinamiento político y obligación de hacer proselitismo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro advirtió sobre la normalización de un modelo que constituye una “sistemática violación” de los derechos humanos.
“Decenas de miles de personas son obligadas a vivir en el exterior, sin saber su destino, reteniéndoles sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia y la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano”, dijo. “Es un sistema de esclavitud moderno que no puede quedar impune”, agregó.
