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Odebrecht acorrala a expresidentes peruanos

El suicidio de Alan García evidencia el impacto de la investigación a la mayor trama de corrupción en América Latina que abarca a cuatro exmandatarios.

Lima, Perú

Cuando las autoridades brasileñas descubrieron en 2015 la gigantesca trama de corrupción de la mayor empresa constructora de América Latina, el mundo político de la región comenzó a temblar.

La investigación en Brasil saldó con el arresto de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador de la constructora y presidente de la misma. El poderoso empresario abrió la caja de Pandora para reducir su condena y expuso los secretos del entramado de corrupción que derribó presidentes y puso en la mira a varios exmandatarios, cuatro de ellos en Perú.

12,500
millones de dólares ganó en licitaciones la constructora brasileña tras pagar más de 700 millones en sobornos a Gobiernos de 12 países.

Los tentáculos de la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht salpicaron a varios gobiernos de América Latina, con un mayor impacto en los países sudamericanos, especialmente en Brasil, Venezuela, Colombia y Perú.

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García se quitó la vida de un disparo antes de ser detenido en el marco de una investigación por supuestas coimas en su Gobierno.

En este último país se encuentran bajo investigación cuatro expresidentes por supuestamente haber recibido sobornos o aportaciones ilegales a sus campañas electorales de la empresa brasileña. Dos de ellos fueron encarcelados, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, mientras que el expresidente Alan García, se suicidó cuando la policía se aprestaba a detenerle el pasado miércoles.

El otro exmandatario que encara investigaciones judiciales que pueden llevarlo a prisión es Alejandro Toledo (2001-2006), que escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición.

Letal

La muerte de García abrió un nuevo capítulo en la trama de corrupción que estremece al país andino.

La pesadilla del fallecido exmandatario, que gobernó Perú por segunda vez entre 2006 y 2011, comenzó en noviembre pasado, cuando regresó al país tras residir por varios años en España, para afrontar una investigación por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias ligadas a la concesión a Odebrecht de la construcción de la línea 1 del metro de Lima. El dos veces gobernante de Perú (19985-1990 y 2006-011) y una de las figuras más destacadas, y polémica, de la política latinoamericana contemporánea, recibió una prohibición de salida del país y decidió pedir asilo en la embajada de Uruguay en Lima, sin embargo le fue denegado.

3,500
millones de dólares debe pagar la empresa como multa ante la justicia estadounidense por sobornos pagados por empresas extranjeras.

La semana pasada, un juez giró una orden de detención por diez días al alegar peligro de fuga y García decidió no correr el destino de Humala y Kuczynski. Le dijo a los agentes que lo capturarían que tenía que hacer una llamada, se encerró en su despacho y se pegó un tiro en la cabeza. Los mismos policías lo trasladaron a un hospital donde murió horas más tarde.

Ese mismo día, Kuczynski, de 80 años de edad, fue hospitalizado por padecimientos cardiacos. El primer presidente en ejercicio en América en dejar el cargo por el caso Odebrecht cumplía con una detención de diez días en una cárcel de Lima, esperando una audiencia en que se determinaría si recibía la prisión preventiva por 36 meses, la cual se notificó este viernes. Kuczynski, que apostó darle a Perú un gobierno “de lujo”, ejerció la presidencia únicamente por 20 meses.

Hijo de un médico alemán que huyó del nazismo, llegó al poder con dos lastres: escaso respaldo político en un Congreso que actúa como un contrapoder y su condición de empresario. Sus opositores lo acusaban de mantener vínculos con grandes trasnacionales y de actuar como lobista. Han sido precisamente los vínculos con la empresa brasileña, que ha repartido decenas de millones de dólares a políticos latinoamericanos a cambio de obras públicas, los que culminaron abruptamente con su presidencia.

Desde que renunció a la presidencia el 21 de marzo del 2018, Kuczynski aparecía poco en público y mantenía un perfil discreto, sin intervenir en política.

No podía salir del Perú y le pidió a su esposa, la estadounidense Nancy Lange, regresar a su país porque temía una venganza político-judicial que pudiese acabar con ella bajo investigación, como ocurrió con su antecesor Ollanta Humala (2011-2016).

Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, fueron los primeros funcionarios en pisar una cárcel por el caso Odebrecht en Perú.

La pareja cumplió una prisión preventiva de nueve meses por los delitos de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir en la trama de la constructora brasileña. Según los fiscales, Ollanta recibió tres millones de dólares para la campaña presidencial de 2011. En tanto, la ex primera dama es acusada de haber recibido supuestos sobornos en la licitación del proyecto del Gasoducto Sur.

El cuarto exmandatario bajo investigación es Alejandro Toledo, acusado de haber recibido un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht para que a la constructora se le adjudicara la licitación de la carretera interoceánica, que une puertos brasileños del Atlántico con puertos peruanos del Pacífico, cruzando la Amazonía.

Toledo, quien niega las acusaciones, inauguró la ruta en 2006 junto a su homólogo brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, condenado y encarcelado desde abril por cargos de corrupción.

Impacto regional

En diciembre pasado, la constructora firmó un acuerdo de cooperación por el cual accedió a pagar una multa al Estado peruano y a entregar testimonios que pueden comprometer todavía más a los cuatro expresidentes y a otros políticos y funcionarios peruanos, como en el caso de Keiko Fujimori, la hija del exmandatario Alberto Fujimori.

La excandidata presidencial y líder opositora está en prisión desde el 31 de octubre acusada de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña para la campaña en 2011.

En Colombia, la Fiscalía General solicitó en su momento la apertura de una investigación sobre la denuncia de la “contribución” de Odebrecht con un millón de dólares a la campaña electoral para la reelección del expresidente Juan Manuel Santos. Además de la acusación que ha gravitado sobre Santos, en Colombia está encarcelado, entre otros, como acusado confeso de haber sido sobornado por Odebrecht, Gabriel García Morales, viceministro de Transportes durante la Administración del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

En Panamá pesa una orden de extradición contra dos hijos, ya detenidos en Estados Unidos, del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a los que la banca suiza ha congelado cuentas por valor de 22 millones de dólares que les entregó Odebrecht, según las declaraciones procedentes de la propia empresa.