Narcos que mencionaron a Juan Orlando Hernández en juicios en Nueva York

Pocos días separan la fecha para el inicio del inédito juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), extraditado en abril de 2022 hacia Estados Unidos tras ser acusado formalmente por delitos asociados al narcotráfico.

En junio de 2023, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, postergó dicho juicio y lo programó para el 5 de febrero de 2024 a las 10:00 am (hora de Honduras), sin embargo, en un intento desesperado, el equipo de defensa legal del exmandatario solicitó un aplazamiento de 45 días.

No obstante, la petición de los abogados, que alegaron retrasos en la presentación de pruebas para su respectivo análisis, fue denegada por el juez Castel, quien determinó que no existen motivos suficientes para modificar la fecha del juicio.

Mientras eso ocurre en Nueva York, en Honduras, el caso sin precedentes contra el expresidente Hernández genera todo tipo de comentarios en el espectro político, incluso, temor por posibles implicaciones de otros actores, cuyos nombres, hasta ahora, no han salido relucir.

Lo que sí es cierto es que el nombre de Juan Orlando Hernández viene resonando con mucha fuerza desde hace varios en años en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se han llevado a cabo la mayoría de los juicios contra capos hondureños, extraditados por acusaciones de tráfico de drogas.

En el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente hondureño, el nombre de Juan Orlando Hernández se mencionó en más 100 ocasiones en las decenas de documentos de pruebas que se presentaron contra el exdiputado.

En ese entonces, JOH fue señalado como co-conspirador. Los fiscales plantearon, basados en testimonios de otros narcos enjuiciados y de testigos protegidos, que el exgobernante recibió millones de dólares del narcotráfico para financiar campañas políticas.

Durante el proceso judicial de “Tony” Hernández sirvieron como testigos los narcotraficantes Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo” y Alexander “Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán.

Ambos aseguraron haber pagado sobornos a “Tony” y Juan Orlando Hernández, y uno de ellos, de un millón de dólares, habría sido entregado en 2013 por el líder del cartel de Sinaloa, el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De su lado, “Chande” Ardón afirmó haber sido testigo de varias reuniones entre “Tony” y “El Chapo”. La primera de estas se habría dado durante la campaña presidencial de 2013.

En el encuentro, “Tony” le habría asegurado a “El Chapo” Guzmán que si su hermano Juan Orlando Hernández ganaba las elecciones le daría protección a sus actividades de tráfico de drogas.

Guzmán Loera habría ofrecido US$1 millón para financiar la campaña de JOH. De acuerdo al testimonio, en la siguiente reunión, llevada a cabo en la casa de Ardón, el capo mexicano habría entregado el dinero en efectivo a “Tony”.

En otro relato, durante el juicio, el exalcalde de El Paraíso, Copán, dijo que en 2015 se reunió con Juan Orlando Hernández, quien le habría pedido que financiara la campaña del Partido Nacional para los comicios de 2017.

A cambio, según Ardón, el expresidente Hernández le prometió que seguiría dándole protección a todas sus actividades ilícitas de narcotráfico en el occidente de Honduras.

Víctor Hugo Díaz Morales, conocido como “El Rojo”, otro de los narcotraficantes hondureños que atestiguaron durante el juicio de “Tony”, afirmó que en 2005 financió con US$40,000 la campaña para diputado de Juan Orlando Hernández.

“El Rojo” fue detenido en Guatemala y extraditado a Estados Unidos, donde tras un acuerdo con las autoridades se declaró culpable de tráfico de cocaína y metanfetaminas, así como de posesión de armas y explosivos.

Por segunda vez y con mayor gravedad en las acusaciones, el nombre del expresidente Hernández fue salpicado en el juicio del capo Geovanny Fuentes Ramírez, sentenciado a cadena perpetua en febrero de 2022, también por narcotráfico.

Fuentes confesó que Juan Orlando Hernández le dijo que iban a “meter la droga a los gringos en sus propias narices” sin que lo notaran.

Asimismo, reveló que pagó, en 2013, al menos 25,000 dólares al exmandatario cuando era presidente del Congreso Nacional, y le permitió acceder a cocaína, valorada en millones de dólares, que se producía en su laboratorio.

JOH, según el fallo contra Fuentes, prometió al narcotraficante que las fuerzas armadas hondureñas le brindarían seguridad y que el fiscal general de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, protegería sus actividades de narcotráfico.

Los fiscales estadounidenses aseguraron que Hernández Alvarado instruyó a Fuentes a que reportara directamente a su hermano “Tony” Hernández respecto a los cargamentos de droga que cruzarían hacia Estados Unidos.

En el mismo juicio contra Fuentes Ramírez, uno de los testigos fue Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de “Los Cachiros”, que cumple cadena perpetua en EE.UU., este aseguró haber pagado 250,000 dólares a Hernández para que lo protegiera.

Otro testigo mencionó haber presenciado dos reuniones entre Juan Orlando Hernández y Geovanny Fuentes en una oficina de una empresa arrocera de Honduras.

“No podía creer lo que estaba viendo”, dijo sobre la primera de esas dos reuniones, en plena campaña electoral previo a las elecciones generales de 2013. “Estaba viendo al candidato a la presidencia con un narcotraficante reunido”, relató.

Durante el juicio, cuando un fiscal le preguntó si Hernández Alvarado dijo, en sus visitas frecuentes a la arrocera, qué haría cuando fuera presidente, el contador respondió: “En muchas ocasiones se habló de que serían intocables”.

José Sánchez (nombre ficticio del testigo) dijo en la Corte que JOH, en una de las dos reuniones con Fuentes, se jactó de robos de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“Estamos robando mejor que en los tiempos de (Rafael) Callejas y nadie nos puede hacer nada”, dijo Hernández, según el testimonio de Sánchez, excontador de la empresa arrocera, y agregó que obtuvo un video de dicho encuentro.

El juicio de Geovanny Fuentes causó un terremoto político en Honduras, donde muchos sectores, incluyendo a la oposición, que pidió en ese momento la renuncia del expresidente Hernández, sin embargo, este se mantuvo en su cargo hasta el 27 de enero de 2022, cuando asumió Xiomara Castro de Zelaya.

Menos de un mes transcurrió del nuevo gobierno y desde Estados Unidos se solicitó en extradición a Hernández Alvarado. La noche del 14 de febrero de 2022, la Policía Nacional inició un operativo de captura, sitiando la casa del exgobernante y el día siguiente (15 de febrero) fue detenido.

Tras su captura, JOH permaneció por casi dos meses en arresto provisional en la sede de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), en Tegucigalpa, capital de Honduras.

El 17 de marzo de 2022, un juez ordenó su extradición y el 22 de abril de 2022 fue enviado en un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA) hacia Nueva York, Estados Unidos, donde hasta ahora ha guardado prisión a la espera de su juicio.

El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández se desarrollará en simultáneo con el de Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, y el de Mauricio Hernández Pineda, exagente policial, cercano al exmandatario hondureño.

Hernández Alvarado será juzgado por tres cargos: conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos.

Las acusaciones sostienen que JOH participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, así como recibir millones de dólares de organizaciones de narcotraficantes.

Hernández está imputado de tres cargos. Primero: conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos (conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua).

Segundo: usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína (conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua).

Y el tercero: por conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.