Clemente Aguirre Jarquín caminó ayer por la entrada pública del Palacio de Justicia del Condado de Seminole, vistiendo por primera vez una camisa en lugar de un traje de presidario y escoltado por sus abogados en lugar de los oficiales de la corte, publicó ayer en su página web el Orlando Sentinel.
Hace cinco meses, Aguirre quedó libre después de que los fiscales retiraron los dos cargos de asesinato que lo enviaron, por más de una década, al corredor de la muerte, antes de que la Corte de Florida ordenara un nuevo juicio en 2014.
El hondureño busca hasta 700,000 dólares de indemnización por su tiempo tras las rejas bajo el Acta de Compensación para Víctimas de Encarcelamiento Injustificado, una ley de 2008 que proporciona $50,000 por cada año en que alguien fue encarcelado injustamente.
| El hondureño regresó a la corte ayer jueves buscando reconocimiento legal por haber sido injustamente encarcelado.
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Lindsey Boney, abogada que representa a Aguirre Jarquín, argumentó que la ley de 2008 tenía la intención de proporcionar a los injustos “algunos medios para recuperarse” después de ser liberados. La Oficina del Fiscal del Estado de Seminole-Braward está impugnando la solicitud de Aguirre porque la ley establece un plazo de 90 días después de que se anule una condena para que los exreclusos presenten una reclamación.
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Los abogados del hondureño calificaron la posición del estado de “absurda” porque los fiscales anunciaron su intención de volver a juzgarlo casi inmediatamente después de que se revocara su condena. No fue liberado de su custodia mientras esperaba su segundo juicio, que terminó durante la selección del jurado en noviembre, cuando los fiscales retiraron los cargos en su contra.
El fiscal estatal adjunto Stewart Stone dijo que los abogados de Aguirre “deberían haber tenido la previsión (cuando se revocó su condena) de que un día en el futuro, presentaran la demanda por encarcelamiento injustificado”. Los fiscales han citado otra razón por la que desean negar el reclamo del hondureño: aún creen que hay “pruebas sustanciales” de que cometió los asesinatos de sus vecinas Cheryl Williams y su madre Carol Bareis.
Galluzzo dijo que “se rascó la cabeza varias veces” mientras leía el estatuto de encarcelamiento ilícito, pero reconoció que su papel no es “legislar desde el banco”, sino “proteger los derechos constitucionales de las partes involucradas”.
“Debido a que el Estado optó por procesar este caso (nuevamente) ... y él siguió encarcelado, aún estoy tratando de lidiar con el asunto de si se puede o no constitucionalmente indultar a alguien de su derecho al debido proceso para solicitar una compensación por encarcelamiento ilícito mientras todavía están en prisión ...”, dijo Galluzzo.
