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Ventura Flores rechaza vinculación con asesinatos

  • 21 abril 2016 /

San Pedro Sula, Honduras.

El oficial José Ventura Flores Maradiaga, comisionado de policía, hizo llegar ayer la siguiente nota refiriéndose a la publicación de un informe publicado por The New York Times y atribuido a la Inspectoría de la Policía, en el que él aparece señalado en las muertes del del zar antidrogas Arístides González y del analista de seguridad Alfredo Landaverde. El texto dice:

“Yo, José Ventura Flores Maradiaga, comisionado de policía, comparezco públicamente para manifestarme en relación con la información que circula por los diferentes medios de comunicación y redes sociales, donde se hace alusión a mi nombre y además se revelan otros supuestos nombres de oficiales involucrados en las muertes de los señores Alfredo Landaverde y el zar antidrogas Arístides González, además de involucrarme en otros actos ilícitos alejados de la verdad y con el único objetivo de desprestigiar mi persona y el nombre de la Policía Nacional.

Ante estos acontecimientos públicos aclaro lo siguiente: Como ciudadano honesto, responsable y digno de realizar mi trabajo con valentía y honor al servicio de mi país durante 29 años, los cuales he realizado con mucha honra y una correcta vocación de servicio y fiel al compromiso con mi patria.

Manifiesto ante el pueblo hondureño y la opinión pública en general, nacional e internacional, mi posición respecto a las informaciones publicadas donde se hace alusión a mi persona en hechos no comprobados, que lo único que hacen es dañar la moral, crear confusión y dañar la imagen de nuestra institución.

Es mi deber como ciudadano honesto de este país manifestar con toda contundencia mi rechazo ante toda la información que ha publicado de manera malintencionada e irresponsable, inicialmente diario El Heraldo y el diario The New York Times, siendo estos medios sensacionalistas publicando información no comprobada y desde todo punto de vista falsa para causar emoción o impresión de sus lectores, con el único objetivo de desprestigiar y manchar mi nombre, irrespetando mi integridad física, sicológica y moral, que todo ciudadano merece. Es un atropello a mis derechos constitucionales y humanos manchar mi nombre, el de mi familia, afectando mi imagen como funcionario público, padre, esposo, hijo y hermano.

La Constitución de la República garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la legítima defensa y el debido proceso y el estado de inocencia, en mi caso particular se me ha señalado, haciendo connotaciones que no tienen ninguna evidencia que sustente sus publicaciones. En este caso específico me asiste el derecho a defenderme y demandar ante estos medios de comunicación que aclaren los señalamientos que me han hecho, asimismo, corresponde probar ente los tribunales competentes mi no culpabilidad, derecho que todo ciudadano tiene garantizado según lo estable el Código Procesal Penal en su “Art. 2. Estado de Inocencia: Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código”.

En consecuencia, hasta esa declaratoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros; asimismo, por este medio hago un llamado al Comisionado de Derechos Humanos y la Organización Internacional de Derechos Humanos para que se hagan presentes y no permitan que se sigan violentando mis derechos humanos.

Me permito citar textualmente el siguiente artículo comprendido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 11. 1

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Ha sido tanto el abuso en mi caso que ni siquiera se me ha notificado oficialmente de qué delitos se me acusa, violentando claramente mi derecho a la defensa, derecho que está reconocido en La Constitución de la República en el Artículo 82. El derecho de defensa es inviolable.

Considero prudente hacer de conocimiento público que este tipo de agravios causados por publicaciones sin evidencias y sobre todo haciendo alusión a nombres constituye un delito contra el honor, lo cual se tipifica en el Código Penal, Art. 161: “Quien publicare o reprodujere, por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será penado como autor de las injurias o calumnias de que se trate”. (...)

“Me pongo a disposición de la autoridad competente para que realice las investigaciones pertinentes, tendiente a aclarar esta situación y sea restablecido mi honor, ya que en este momento ha sido pisoteado”. Firma: José Ventura Flores Maradiaga, comisionado de policía.