Una depuración o supervisión de fiscales se ejerce con base en la Ley del Ministerio Público, MP, aclaró ayer el fiscal adjunto Roy Urtecho.
Agregó que el MP no se opone a ser supervisado por una Comisión de Reforma de Seguridad Pública, aprobada por el Congreso Nacional. “No nos oponemos a que estemos supervisados conforme con lo que establece la Ley del Ministerio Público”, dijo. Sin embargo, expuso que, para imponer sanciones penales, el MP tiene esa facultad constitucional.
“No estamos contra la depuración, pero dentro del marco constitucional y legal. Nuestro Ministerio Público goza de un rango constitucional, la Ley del Ministerio Público establece que el fiscal general, por medio de la Dirección de Fiscalías, supervisa inmediatamente la función de los fiscales”. Por ende, el MP cuenta con una oficina de Supervisión Nacional que investiga actos irregulares de fiscales.
“Respeto a los poderes del Estado. Pueden tomar la decisión que consideren conveniente, pero como Ministerio Público tenemos nuestra propia ley, dentro de nuestras facultades hacemos supervisión inmediata”. Por lo tanto, la comisión creada por el CN no tiene facultades para sancionar a fiscales ni otros operadores, explicó.
