Bajo un fuerte resguardo policial y sin portar esposas, el subjefe de la bancada nacionalista, Nelson Márquez, fue trasladado este jueves al Centro Penitenciario Nacional de Támara, junto a los demás implicados en un presunto millonario desfalco contra el Estado de Honduras.
“Sin ceder en la lucha jamás. Sigo creyendo en la justicia, seguimos firmes. ¡Viva Honduras! Los hondureños somos los que vamos a rescatar este país. Todos a salir a votar el 30 de noviembre”, fueron las palabras del diputado nacionalista al salir de los juzgados de Tegucigalpa.
Nelson Márquez, y otras cuatro personas, fueron enviados este jueves a prisión acusados de integrar una red que defraudó al Estado hondureño por más de 3.084 millones de lempiras (unos 117,4 millones de dólares) mediante contratos irregulares, laudos arbitrales inválidos y demandas fraudulentas.
Junto a Márquez fueron remitidos a prisión Eva Vásquez, exdirectora legal de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas); el juez Raymundo Esaú Gradiz Vilorio; el abogado Caronte Rojas Zavala, miembro del tribunal arbitral, y Juan Fernando Madrid, apoderado legal de la empresa Nainsa, según la resolución de la audiencia de declaración de imputado, informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
Los cinco acusados fueron trasladados bajo un fuerte resguardo policial a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, por orden judicial y se les programó la audiencia preliminar para el 5 de agosto, señaló Silva.
En tanto, al receptor judicial Rafael Chávez Aguilar, acusado por falsificación de documentos, se le dictaron medidas sustitutivas, añadió.
Por este mismo caso también están acusados la exprocuradora general Lidia Estela Cardona, la excoordinadora del Gobierno Martha Doblado; el representante de DRC Inc., Murray Paul Farmer; la jueza Irissabel Miranda Hernández y el exfuncionario de la Procuraduría General Héctor Alvarado Mejía, por delitos como fraude, prevaricato judicial y uso de documentos falsos.
Según la Fiscalía, la red comenzó a operar en el año 2000 tras el huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó irregularmente un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., compañía no habilitada para operar en Honduras, por lo que subcontrató de forma irregular a Nainsa.
A pesar de que el contrato fue cancelado por inconsistencias, años después ambas empresas presentaron demandas basadas en un laudo arbitral inválido, nunca homologado por la Corte Suprema.
