Un juez ha ordenado la detención judicial del subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Javier Márquez Euceda, junto a otros cinco señalados, acusados de participar en una red que defraudó al Estado hondureño con un monto superior a 3 mil millones de lempiras mediante demandas fraudulentas, contratos irregulares y laudos arbitrales sin validez legal.
La audiencia de formalización tuvo lugar en la Corte Suprema de Justicia, bajo la presidencia del magistrado Roy Pineda, conocido como juez natural del caso.
A pesar de que los acusados ofrecieron cauciones que alcanzaban entre 7 y 19 millones de lempiras, el juez desestimó estas garantías y ordenó que Nelson Márquez y cuatro de sus coacusados cumplieran detención preventiva en prisión. Solo Rafael Eduardo Chávez Aguilar recibió medidas cautelares alternativas, por su avanzada edad.
Según el Ministerio Público, el caso se extiende por más de dos décadas e involucró a exfuncionarios, abogados y jueces en una operación sistemática de desfalco.
El origen se remonta al huracán Mitch (2000), cuando el Estado adjudicó un contrato a una empresa extranjera no habilitada, que a su vez subcontrató a NAINSA.
Años después, ambas empresas presentaron demandas amparadas en un laudo arbitral que ya había sido declarado nulo en 2009 y 2013, pero fue admitido en tribunales posteriores.
Nelson Márquez, en su rol como funcionario público, recomendó firmar un acuerdo extrajudicial para intentar mitigar lo que se consideraba un “mayor perjuicio”, a pesar de ser consciente de la falta de validez jurídica del laudo. Aun así, se firmó el acuerdo y se comprometieron pagos millonarios, sin respetar después lo convenido, lo que permitió continuar con el proceso irregular.
