San Pedro Sula, Honduras.
En Honduras constituirse legalmente como empresa es sinónimo de un proceso engorroso y costoso que causa la resistencia de cientos de micro, pequeños y medianos empresarios que ante eso prefieren seguir en la informalidad. Datos proporcionados por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) sobre los pasos que deben seguir los emprendedores evidencian la complejidad del trámite y la paciencia que deben tener los interesados.
Son seis pasos con un mínimo de cinco y un máximo de diez requerimientos cada uno.
Alberto Bográn, vicepresidente de la CCIC, explica que la simplificación administrativa que han solicitado al Gobierno desde hace tiempos incluye mayor flexibilidad con las exigencias para las personas interesadas en tener una empresa.
“Como país tenemos que crear un ambiente favorable para la inversión, simplificar los trámites para una micro, pequeña y gran empresa”.
Bográn reconoce que el proceso es muy costoso, aunque no precisó cifras. Señala que las mipymes no pueden hacer frente a esos pagos con facilidad. Refiere que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) también debe reducir las cargas tributarias porque limitan o reducen la motivación para que un emprendedor legalice su negocio.
“Las cargas tributarias son demasiadas. Hay que alivianarlas porque mientras esto no suceda, solo un grupo de la población seguirá pagando impuestos y teniendo una competencia desleal con los que no lo hacen”.
Los registros mercantiles de la CCIC establecen que de enero al 12 de octubre se han inscrito 3,711 nuevos negocios, reflejando un crecimiento de más del 15% en relación con el mismo lapso de 2014. Los renglones que predominan son servicios y comercio.
Mario Velásquez, administrador regional centro-sur de la DEI, informa que los propietarios de negocios que han estado en la clandestinidad y que desean formalizarse y pagar sus tributos deben llegar a las oficinas de la institución, donde dependiendo del tipo de actividad se le indica las obligaciones tributarias que tendrá como contribuyente mensual o anual. Velásquez detalla que quienes han operado sin rendir cuentas a la DEI deben declarar sus movimientos por el tiempo que no lo hicieron y acatar multas que oscilan entre uno y dos salarios mínimos, multas de un 2 a un 24% dependiendo del capital, recargos de un 3 a un 36% y en rentas entre un 5 y 15%.
Enfatiza en que el nuevo sistema de facturación ha permitido la ampliación de la base tributaria porque ahora es un respaldo para las empresas a la hora de declarar sus ingresos y egresos. De tener 69,000 contribuyentes, ahora hay más de 90,000.
Entre otras ventajas de la tributación figuran más posibilidades de acceso a préstamos para las mipymes.
Políticas públicas
En San Pedro Sula 32,850 pequeñas y medianas empresas tributan a la DEI, además de unas 250 grandes empresas.
Efraín Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih) en la zona norte, señala también que el proceso de legalización es tedioso, lo que causa que solo un bajo porcentaje de más de 100,000 mipymes de la zona norte estén formalizadas. “Es importante que se formulen políticas que fomenten la constitución legal de los negocios con procedimientos más justos y menos costosos”, dijo. Rodríguez resiente la falta de proyectos de apoyo para las mipymes en la zona norte este año.
En Honduras constituirse legalmente como empresa es sinónimo de un proceso engorroso y costoso que causa la resistencia de cientos de micro, pequeños y medianos empresarios que ante eso prefieren seguir en la informalidad. Datos proporcionados por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) sobre los pasos que deben seguir los emprendedores evidencian la complejidad del trámite y la paciencia que deben tener los interesados.
Son seis pasos con un mínimo de cinco y un máximo de diez requerimientos cada uno.
Alberto Bográn, vicepresidente de la CCIC, explica que la simplificación administrativa que han solicitado al Gobierno desde hace tiempos incluye mayor flexibilidad con las exigencias para las personas interesadas en tener una empresa.
“Como país tenemos que crear un ambiente favorable para la inversión, simplificar los trámites para una micro, pequeña y gran empresa”.
Bográn reconoce que el proceso es muy costoso, aunque no precisó cifras. Señala que las mipymes no pueden hacer frente a esos pagos con facilidad. Refiere que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) también debe reducir las cargas tributarias porque limitan o reducen la motivación para que un emprendedor legalice su negocio.
“Las cargas tributarias son demasiadas. Hay que alivianarlas porque mientras esto no suceda, solo un grupo de la población seguirá pagando impuestos y teniendo una competencia desleal con los que no lo hacen”.
Los registros mercantiles de la CCIC establecen que de enero al 12 de octubre se han inscrito 3,711 nuevos negocios, reflejando un crecimiento de más del 15% en relación con el mismo lapso de 2014. Los renglones que predominan son servicios y comercio.
Mario Velásquez, administrador regional centro-sur de la DEI, informa que los propietarios de negocios que han estado en la clandestinidad y que desean formalizarse y pagar sus tributos deben llegar a las oficinas de la institución, donde dependiendo del tipo de actividad se le indica las obligaciones tributarias que tendrá como contribuyente mensual o anual. Velásquez detalla que quienes han operado sin rendir cuentas a la DEI deben declarar sus movimientos por el tiempo que no lo hicieron y acatar multas que oscilan entre uno y dos salarios mínimos, multas de un 2 a un 24% dependiendo del capital, recargos de un 3 a un 36% y en rentas entre un 5 y 15%.
Enfatiza en que el nuevo sistema de facturación ha permitido la ampliación de la base tributaria porque ahora es un respaldo para las empresas a la hora de declarar sus ingresos y egresos. De tener 69,000 contribuyentes, ahora hay más de 90,000.
Entre otras ventajas de la tributación figuran más posibilidades de acceso a préstamos para las mipymes.
Políticas públicas
En San Pedro Sula 32,850 pequeñas y medianas empresas tributan a la DEI, además de unas 250 grandes empresas.
Efraín Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih) en la zona norte, señala también que el proceso de legalización es tedioso, lo que causa que solo un bajo porcentaje de más de 100,000 mipymes de la zona norte estén formalizadas. “Es importante que se formulen políticas que fomenten la constitución legal de los negocios con procedimientos más justos y menos costosos”, dijo. Rodríguez resiente la falta de proyectos de apoyo para las mipymes en la zona norte este año.
