Sanciones, suspensiones y despidos son las implicaciones para el personal del Ministerio Público que repruebe las evaluaciones de la Comisión Interventora de la Fiscalía.
La evaluación se realizará tanto a fiscales como a personal administrativo. El comisionado interventor Lino Tomás Mendoza explicó que a aquellos fiscales que no pasen las pruebas de confianza “se les hará una investigación y aplicación de código de ética”.
Sobre las medidas que esto implica, confirmó que son “sanción, suspensión y despido, según sea el caso”. Esta semana se prevé que se programe la aplicación de pruebas de confianza que incluirán examen del polígrafo, toxicológico, psicométrico y socioeconómico.
Varios fiscales han firmado una lista para someterse voluntariamente a las pruebas de confianza. El Congreso conformó una Comisión Interventora del Ministerio Público que el 18 de abril inició una gestión interina para mejorar su operación.
Los miembros de la Comisión Interventora son los abogados Lino Tomás Mendoza, Antonio Navarro y Miriam Guzmán como propietarios y Ángela Madrid como suplente.
Durante los 60 días de intervención quedaron suspendidos el fiscal general Luis Rubí y el fiscal general adjunto Roy Urtecho.
A la Comisión se le dio la potestad de hacer pruebas de confianza y evaluación de rendimiento en la investigación de delitos, presentación de requerimientos y sustentación de casos en los tribunales. En el Ministerio Público laboran unos 600 fiscales, más personal de apoyo técnico, consultores y otros de secciones administrativas.
