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Suspenden a cuarenta policías de la Portuaria

  • 07 septiembre 2011 /

Los guardias estarán cuatro meses fuera de sus labores y sin goce de sueldo

El Departamento de Recursos Humanos de la Empresa Nacional Portuaria, ENP, suspendió temporalmente de sus labores a cuarenta policías de la Unidad de Protección Portuaria, UPP.

Los empleados suspendidos trabajarán hasta hoy miércoles y permanecerán fuera de sus cargos ciento veinte días sin goce de sueldo.

Varios policías de la UPP que aún permanecen en sus puestos de trabajo informaron a Diario LA PRENSA que sus compañeros fueron suspendidos porque la comisión interventora de la ENP hizo una minuciosa investigación y confirmó que estos policías presentaban antecedentes penales y por relacionarlos con supuestos actos ilegales en el ejercicio de sus funciones.

El equipo periodístico de La Prensa buscó las reacciones de los miembros de la Comisión Interventora y del Sindicato de Trabajadores de la ENP, pero no se lograron.

Antecedente

El pasado lunes 27 de junio, la ENP fue intervenida por elementos de la Policía Nacional de Tegucigalpa, enviados por órdenes superiores del presidente Porfirio Lobo, para que investigaran supuestos actos de corrupción en la Policía Portuaria y en la administración de la empresa estatal.

A causa de la intervención, al principio fueron suspendidos 266 policías de la UPP, el jefe de la Seguridad Portuaria, José León Reyes Rovelo, y el gerente general Mainor Pinto Valle, que sigue como gerente de los puertos de Castilla, San Lorenzo y La Ceiba, con excepción de Puerto Cortés.

Posteriormente por órdenes del Gobierno fue nombrada una comisión interventora conformada por Bruno Fontana, Roberto Ordóñez y Luis Beltrán Gómez, los tres responsables de elaborar un informe sobre una lista de supuestas irregularidades en el interior de la portuaria.

Hasta la fecha, después de tres meses, los funcionarios no han hecho público ningún informe sobre los hallazgos de corrupción y otros vicios cuestionados en la ENP.

Desde que la Portuaria fue intervenida, los mismos empleados sindicalistas de la estatal se oponen a la comisión interventora por una serie de situaciones que, según ellos, han violentado sus derechos y conquistas laborales.

Grupos de empresarios del país han señalado que la Empresa Nacional Portuaria podría incluso perder su certificación de puerto seguro debido a los acontecimientos negativos que la persiguen.