Tegucigalpa. El Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, luego de la reunión de pleno celebrada el pasado martes, confirmó la suspensión de cinco jueces de Letras, así como de una secretaria de Inspectoría de Tribunales y la cancelación definitiva de dos secretarios asignados al Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, informó de los resultados del Pleno.
Se confirmó por parte de la Secretaría del Consejo de la Judicatura la suspensión provisional, mientras concluye el proceso de investigación, de Alex Eduardo Sabonge Almendárez, juez de Letras de Catacamas, Olancho; Vilma Honduras Rodríguez Guzmán, juez de Letras de La Esperanza, Intibucá; Jorge Alberto Mejía Figueroa, juez de Ejecución de Danlí, El Paraíso; Henry Geovany Duarte Zaldívar, juez del Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón; Camilo Amelec Peralta Hernández, juez titular del Juzgado de Letras de Trujillo, Colón, y Rina Yesenia Cruz Peralta, secretaria de Inspectoría de Tribunales de La Ceiba, Atlántida.
El Consejo de la Judicatura también ordenó la cancelación definitiva de Marcial Noé Macedo Gutiérrez y Wilmer Yovani Caballero Reyes, estos se desempañaban como secretario y secretario adjunto del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, quienes abandonaron su cargo y se encuentran prófugos de la justicia, ya que pende sobre ellos orden de captura.
Esta cancelación es vigente desde el 8 de enero del presente año. Sobre los dos últimos se libró una orden de captura al ser acusados por la excarcelación de un supuesto narcotraficante, por el que también fue acusada la entonces jueza Wendy Caballero.
Investigaciones
Según la Inspectoría de Tribunales, los motivos para estas suspensiones se relacionan con retardo injustificado en la aplicación de justicia y una alta mora en la tramitación y emisión de sentencias.
De igual manera, por violentar el Código de Ética perjudicando a terceras personas en transacciones financieras personales, irregularidades en los registros debidos en el procedimiento de ejecución de la pena, interés manifiesto por extender constancias de antecedentes penales a favor de imputados por delitos graves, entre otros.
