Tegucigalpa, Honduras.
Un total de 20 recursos de apelación se han interpuesto en contra de la determinación de la jueza natural que conoce el caso Pandora.
De ese total, 19 son de los apoderados legales que buscan que Lidia Álvarez Sagastume les dicte a sus defendidos un sobreseimiento provisional o definitivo.
La semana pasada, a 24 de 28 implicados procesados les dictaron medidas sustitutivas contrarias a la prisión; entre ellos, actuales diputados. A estos imputados se les modificó el delito de lavado de activos por el que fueron acusados por el Ministerio Público. La jueza les recalificó el delito y quedaron con encubrimiento. Los fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público también interpusieron la acción ante la Corte de Apelaciones.
El objetivo de la Fiscalía es que la jueza rectifique su decisión de dictarles medidas a los imputados y se les dé un auto de formal procesamiento con prisión preventiva.
A su vez solicitan que a los imputados se les acuse por lavado de activos.
La Ufecic junto con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) investigan el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), donde se vinculó a 38 personas.
Según las pesquisas, esos fondos se drenaron a través de dos fundaciones para financiar campañas de candidatos políticos para las elecciones generales de 2013.
Cuestionamientos
El documento que presentó la Fiscalía al órgano judicial cuestiona la decisión que tomó la jueza el pasado 28 de julio. Solo a uno de los implicados se le dictó un auto de formal procesamiento con prisión preventiva, a Jacobo Regalado, exministro de la SAG. A él se le acusa por fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Mientras que el resto se defiende en libertad, no pueden salir del país, van los miércoles a firmar el libro de control de medidas y no pueden comunicarse entre sí.
Seis implicados todavía permanecen prófugos de la justicia.
“En el presente caso se ha producido indefensión y vulneración de la tutela judicial efectiva por interpretación errónea, irrazonable y desproporcionada del decreto 045-2002 (Art. 3), privándose por esta arbitrariedad a la sociedad de hacer valer sus derechos, es decir, investigar y reprochar penalmente a aquellos ciudadanos que infrinjan la ley”, refleja el recurso de apelación.
A su vez señala que la sentencia de la jueza no analiza los argumentos planteados por el MP, ya que resolvió aludiendo conclusiones.
Lo anterior se debe a que para la jueza la Ley de Lavado de Activos de 2002 no considera precedente los delitos en perjuicio de la administración pública. También mencionó en su resolución que los fiscales de la Ufecic no pudieron acreditar que los acusados incurrieron en lavado de activos.
Anoche se realizaba la audiencia inicial para Jorge Alberto Izaguirre Zamora, quien estaba prófugo y se presentó de manera voluntaria.
Un total de 20 recursos de apelación se han interpuesto en contra de la determinación de la jueza natural que conoce el caso Pandora.
De ese total, 19 son de los apoderados legales que buscan que Lidia Álvarez Sagastume les dicte a sus defendidos un sobreseimiento provisional o definitivo.
La semana pasada, a 24 de 28 implicados procesados les dictaron medidas sustitutivas contrarias a la prisión; entre ellos, actuales diputados. A estos imputados se les modificó el delito de lavado de activos por el que fueron acusados por el Ministerio Público. La jueza les recalificó el delito y quedaron con encubrimiento. Los fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público también interpusieron la acción ante la Corte de Apelaciones.
El objetivo de la Fiscalía es que la jueza rectifique su decisión de dictarles medidas a los imputados y se les dé un auto de formal procesamiento con prisión preventiva.
A su vez solicitan que a los imputados se les acuse por lavado de activos.
La Ufecic junto con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) investigan el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), donde se vinculó a 38 personas.
Según las pesquisas, esos fondos se drenaron a través de dos fundaciones para financiar campañas de candidatos políticos para las elecciones generales de 2013.
Cuestionamientos
El documento que presentó la Fiscalía al órgano judicial cuestiona la decisión que tomó la jueza el pasado 28 de julio. Solo a uno de los implicados se le dictó un auto de formal procesamiento con prisión preventiva, a Jacobo Regalado, exministro de la SAG. A él se le acusa por fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Mientras que el resto se defiende en libertad, no pueden salir del país, van los miércoles a firmar el libro de control de medidas y no pueden comunicarse entre sí.
Seis implicados todavía permanecen prófugos de la justicia.
“En el presente caso se ha producido indefensión y vulneración de la tutela judicial efectiva por interpretación errónea, irrazonable y desproporcionada del decreto 045-2002 (Art. 3), privándose por esta arbitrariedad a la sociedad de hacer valer sus derechos, es decir, investigar y reprochar penalmente a aquellos ciudadanos que infrinjan la ley”, refleja el recurso de apelación.
A su vez señala que la sentencia de la jueza no analiza los argumentos planteados por el MP, ya que resolvió aludiendo conclusiones.
Lo anterior se debe a que para la jueza la Ley de Lavado de Activos de 2002 no considera precedente los delitos en perjuicio de la administración pública. También mencionó en su resolución que los fiscales de la Ufecic no pudieron acreditar que los acusados incurrieron en lavado de activos.
Anoche se realizaba la audiencia inicial para Jorge Alberto Izaguirre Zamora, quien estaba prófugo y se presentó de manera voluntaria.
