La Sociedad Interamericana de Prensa emitió durante su 68 asamblea general celebrada del 12 al 16 de octubre en Sao Paulo, Brasil, una resolución relacionada con el tema de Libertad de Prensa y Expresión en Honduras.
La resolución se emitió tras la Conferencia de Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión en Tegucigalpa el 9 y 10 de agosto de 2012.
A continuación el texto completo de la recolución emitida por la SIP:
Impunidad / Honduras
Considerando que la Sociedad Interamericana de Prensa, en conjunto con la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, celebró la Conferencia de Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión en Tegucigalpa el 9 y 10 de agosto de 2012.
Considerando que al término de la conferencia se presentó un Plan de Acción, documento que servirá para dar seguimiento a los compromisos expresados por el Poder Ejecutivo, así como a otras soluciones propuestas por legisladores, funcionarios, organizaciones y periodistas.
Considerando que el presidente Porfirio Lobo se comprometió a impulsar reformas públicas para investigar crímenes contra periodistas, garantizar su protección y procesar a los responsables en juzgados especiales; así como a la despenalización de los delitos de injurias, calumnias y difamación.
Considerando que en este mismo foro los legisladores Jariet Waldina Paz y Augusto Cruz Asensio, presentaron también iniciativas para la elaboración de un mecanismo de protección para periodistas y grupos vulnerables.
Considerando que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.
La 68 Asamblea General de la SIP resuelve
Respaldar el Plan de Acción y dar seguimiento conjunto al cumplimiento de las propuestas presentadas por el Presidente Lobo, legisladores, funcionarios de Gobierno, organizaciones y periodistas para frenar la violencia en Honduras.
Exigir al Estado que asuma la implementación oportuna y eficaz de medidas cautelares para la protección de periodistas y comunicadores sociales.
Demandar que el Ministerio Público cuente con los recursos y capacitación necesaria para garantizar, particularmente, el funcionamiento efectivo de la unidad especial para la protección de periodistas y grupos vulnerables.
Promover entre organizaciones, medios de comunicación y periodistas campañas de concientización sobre la importancia de la libertad de expresión, el ejercicio responsable y seguro del periodismo; fomentar la solidaridad para rechazar de manera conjunta los ataques contra la prensa y los periodistas; así como impulsar talleres de autoprotección y ética.
