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Sin exoneraciones se quedan 128 alcaldías de Honduras

  • Actualizado: 18 mayo 2013 /

Más de 10,700 entidades, entre las que figuran las juntas de aguas, patronatos y asociaciones de desarrollo, deben tributar.

Una salida política es lo único que puede evitar que organizaciones no gubernamental y alcaldías paguen impuestos que antes se les exoneraban.

En total, unas 128 municipalidades, entre estas la de San Pedro Sula, y más de 10,900 organizaciones no gubernamentales (ONG) perdieron el derecho a recibir exoneraciones, dispensas aduaneras y exenciones fiscales.

A partir de la presente semana, estas entidades de la sociedad civil, alcaldías y varias empresas del sector privado deberán pagar el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto sobre ventas (ISV), así como otros cargos, que hasta hace unas horas estaban exentos, dependiendo del régimen fiscal en que se amparaban.

Rodulio Perdomo, representante del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), expresó que se trata de una importante cantidad de personas jurídicas que perdieron estos beneficios y, por lo tanto, es muy posible que deberán llegar a una negociación con el Congreso Nacional para encontrar una salida política.

“Es muy posible que el Congreso Nacional les pregunte a estos 128 alcaldes, entre ellos el doctor Juan Carlos Zúniga, por qué dejaron de entregar la documentación solicitada por la comisión”, indicó. Fue del parecer que en los listados en poder de la Secretaría del Interior se encuentran registradas unas 11 mil ONG, de las cuales solo presentaron su documentación unas 300.

Perdomo dijo que en este sentido pierden sus beneficios fiscales más de 10,700 entidades, entre las que figuran las juntas de aguas, patronatos y asociaciones de desarrollo.

Muchas de las 80 entidades que están inscritas en la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (Foprideh) mantendrán estos beneficios porque presentaron la documentación solicitada a finales de enero último.

El Congreso Nacional aprobó a finales de enero de 2012 un decreto mediante el cual se suspendían todas las exoneraciones por 60 días.

En el transcurso de este plazo, las empresas, alcaldías y organizaciones no gubernamentales, entre otros beneficiarios, debían justificar con documentos cuál fue el uso de las exoneraciones, exenciones y dispensas aduaneras.

El Congreso Nacional dio una segunda ampliación de 15 días que venció el pasado 13 de mayo. La comisión de revisión de las exoneraciones recibió los formularios estipulada por el Decreto 220-2012.