La comisión especial nombrada por el Gobierno para intervenir el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, Inprema, aún o se pronuncia sobre el avance de las investigaciones en dicha institución.
La junta interventor la encabezan la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS, Vilma Morales; el coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción, Oswaldo Canales; el presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, Fenieph, Carlos Héctor Sabillón; el ministro del Trabajo, Felicito Ávila, y representantes de los jubilados y otras organizaciones.
Antes de la Semana Santa, la junta interventora se reunió en tres ocasiones, pero los detalles y alcances de las reuniones no se han divulgado oficialmente. Según el representante de la Fenieph, más de 20 personas de la CNBS están instaladas en el Inprema. Dicho personal se encuentra de “forma permanente haciendo auditorías”.
Personal que labora en el Inprema aseguró que en el cuarto piso del remodelado edificio de previsión se instaló el personal de la CNBS, donde se encuentran los departamentos de Préstamos, Contabilidad y Cobros. Sabillón indicó que ya se ofreció el primer informe de la situación financiera del Inprema, pero indicó que es potestad de la vocera de la junta interventora, Vilma Morales, ofrecer los detalles del mismo.
La intervención
La designada presidencial María Guillén indicó que la CNBS no intervino la institución de previsión, sino que se “trata de una sola persona de la Comisión de Bancos y Seguros, pero también está el Consejo Nacional Anticorrupción”.
Guillén aseguró que la junta interventora tiene un tiempo estipulado de trabajo que va desde los 90 a los 120 días, tiempo en que se debe “trazar un esquema que lleve a la solución, que no es en sí una solución inmediata, pero que traza una hoja de ruta que busque el saneamiento de la institución”.
La funcionaria indicó que la exigencia del magisterio de que el Gobierno salde la millonaria deuda de más de 1,000 millones de lempiras, “es una cuestión que el Presidente ha mantenido, pero bajo una administración organizada”.
Señaló que en cuanto a efectuar una auditoría internacional “hay consenso”, ya que el Gobierno también es parte interesada en el asunto. Explicó que es “necesario esclarecer todo esto para que se dé un saneamiento completo”.
La secretaria del Sinprodoh, Suyapa Almendárez, reafirmó ayer que la dirigencia magisterial continuará exigiendo la contratación de una auditoría externa. “Se tiene que sacar todo lo que hay en el Inprema, cualquier cosa que sea, ya hemos dicho que cualquier persona que tenga responsabilidad tiene que pagar”, aseveró Almendárez al referirse al latrocinio del Inprema que llevó a la institución a un descalabro financiero en los últimos años.