El Corpus, Choluteca. La recopilación de pruebas en torno al caso de los mineros que fueron torturados por un grupo de militares no se ha detenido.
En las últimas horas se trasladó a la zona una comitiva formada por representantes de la Fiscalía de Derechos Humanos, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos y Justicia.
Soraya Lizet Morales, fiscal especial de Derechos Humanos, dijo que el caso les fue encomendado por un mandato especial para investigar y proceder en contra de los que cometieron el ilícito.
El caso ya tiene algunos avances, pero seguirán las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad que tendrían o no los jefes militares. Morales dijo que, de encontrar los indicios necesarios, la Fiscalía procederá de inmediato a sancionarlos.
Por esta razón se tomarán una vez más las declaraciones de los afectados y militares involucrados en el hecho. Se trabajará de manera conjunta con el fiscal coordinador de Choluteca.
También se investigan otros hechos que han violentado las normas establecidas en la zona, como el cobro indebido que han denunciado los mineros por parte de los uniformados para dejarles ingresar a la mina de San Juan Arriba.
Se espera que para la próxima semana se pueda contar con el expediente completo para proceder según lo que contempla la ley.
Karla Cuevas, viceministra de Derechos Humanos y Justicia, dijo que es importante acompañar a los fiscales para que estas investigaciones sean conocidas por las autoridades del Ejecutivo.
“Nosotros tenemos fe en que la Fiscalía y el Conadeh desempeñarán su labor de manera correcta para determinar si existió violación a los derechos humanos”, dijo la funcionaria.
Los afectados son Yeraldo Bladimir Centeno Muñoz (21), Evis Aekelao Rueda Muñoz (18), Andy Macdonald Muñoz Hernández (15), que ya interpusieron la denuncia, y aún queda por entrevistar a José Santos Centeno, de 21 años, quien por temor se ha resistido a denunciar el hecho.
