San Pedro Sula, Honduras.
Tras la reveladora serie de investigación publicada por Diario LA PRENSA, que desnuda la vida de lujos, crimen y control que las maras ejercen en los centros penales, diversos sectores de la sociedad piden al Gobierno la inmediata intervención de esos recintos y el traslado de los reos a cárceles desde donde no puedan seguir delinquiendo.
“Se deben hacer fuertes ajustes clasificando y reubicando a los reos según categorización”, planteó Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y miembro de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
Destacó que los esfuerzos que se están haciendo para traer orden al sistema penitenciario deben contemplar una clasificación interna de los privados de libertad, porque a raíz del hacinamiento actualmente no existe una diferencia entre el reo de alta peligrosidad y el que está recluido por delitos menores.
Histórico
Un equipo periodístico de LA PRENSA penetró en la Penitenciaría Nacional, concretamente en los módulos que ocupan los miembros de las maras MS-13 y 18 y sacó a luz el modo de vida licencioso y criminal que viven estos privados de libertad con el contubernio de las autoridades carcelarias.
Las maras ejercen un autogobierno que les permite el ingreso de mujeres, drogas, armas y dinero, sin contar que desde ahí se ordena el cobro de la extorsión y los asesinatos por encargo de aquellos ciudadanos que se resisten a pagar el “impuesto de guerra”.
Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas, dijo que es urgente que el Estado recupere el control de estos centros. “Lo que hace falta es gobernabilidad de parte del Estado y esto solo se logra a través de la disciplina porque si no hay control disciplinario los centros están a merced de los reclusos y, además, deben haber controles tecnológicos para ejercer dominio de todo lo que ingresa a la cárcel como armas y celulares”.
El exjefe castrense estimó que debe haber una clasificación de los reclusos para que no haya hacinamiento y, además, se establezca un proceso de rehabilitación fuerte que incluya educación obligatoria, trabajos forzados y la aplicación de medidas disciplinarias enérgicas.
A su juicio, la actual situación de los penales amerita una inmediata intervención por parte de las instituciones de seguridad responsables del sistema penitenciario a efecto de retomar el control y devolver la tranquilidad a la sociedad.
Mercados persas
German Leitzelar, exdiputado y asesor de la Comisión de Depuración policial opinó que lastimosamente por la ausencia de control del Estado los reclusorios se convirtieron en mercados persas y escuelas del crimen, tal como lo retrata el trabajo de LA PRENSA.
Dijo que las cárceles como centros de rehabilitación solo funcionan cuando hay una verdadera política, pero en Honduras se volvieron centros de operación del crimen organizado.
Agregó que se generan prebendas y beneficios que no están enmarcados en el proceso de rehabilitación para reinsertar al reo en la sociedad, sino para que siga ejerciendo sus actividades ilícitas desde esos centros alejados del control político, social y financiero y de los principios de autoridad que debe tener un Estado.
“Estamos de acuerdo que se debe construir un proceso de reincorporación de las personas a la sociedad, pero no en la forma como se opera acá que se convierten en mercados persas en donde se hace y se deshace al margen de la ley y al abuso, incluso con cobros y con irregularidades, o sea, no son centros de rehabilitación.
Leitzelar es del criterio que los centros penales deben ser habilitados para que cumplan con las condiciones humanas adecuadas, pero no con prebendas y privilegios de los que gozan algunos sectores de los detenidos y no todos.
“Eso se debe controlar reestructurando y reorganizando adecuadamente esos centros, y aquellos recintos que se encuentran en la ciudad deben ser trasladados a lugares de mayor aislamiento, adonde existan todas las garantías y facilidades humanas para evitar ese tipo de abusos, y sacándolos de la ciudad se evita que haya ese tráfico de influencias”, acotó.
Autogobierno
Arabezca Sánchez, exfiscal y experta en seguridad, destacó el trabajo de LA PRENSA e indicó que esta serie retrató el problema histórico de los penales del autogobierno que ejercen los presos. “Por la parte oficial aparentemente es el Estado el que administra y gobierna ese sistema, pero cuando ustedes lo ven desde adentro se dan cuenta que los privados de libertad tienen implementado un sistema de autogobierno en donde desgraciadamente salen a relucir temas de corrupción, puesto que son capaces de ingresar cualquier cantidad de objetos, alimentos, armas y drogas”, dijo.
Esta serie ha reflejado que los mismos reclusos preparan la droga para la venta al narcomenudeo, que es lo mismo que ocurre con las extorsiones. “Las cárceles siguen siendo utilizadas como un centro operativo del crimen y que al final deja al desnudo todas las carencias y debilidades que el sistema penitenciario tiene”.
Tras la reveladora serie de investigación publicada por Diario LA PRENSA, que desnuda la vida de lujos, crimen y control que las maras ejercen en los centros penales, diversos sectores de la sociedad piden al Gobierno la inmediata intervención de esos recintos y el traslado de los reos a cárceles desde donde no puedan seguir delinquiendo.
“Se deben hacer fuertes ajustes clasificando y reubicando a los reos según categorización”, planteó Alberto Solórzano, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y miembro de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
Destacó que los esfuerzos que se están haciendo para traer orden al sistema penitenciario deben contemplar una clasificación interna de los privados de libertad, porque a raíz del hacinamiento actualmente no existe una diferencia entre el reo de alta peligrosidad y el que está recluido por delitos menores.
Histórico
Un equipo periodístico de LA PRENSA penetró en la Penitenciaría Nacional, concretamente en los módulos que ocupan los miembros de las maras MS-13 y 18 y sacó a luz el modo de vida licencioso y criminal que viven estos privados de libertad con el contubernio de las autoridades carcelarias.
Las maras ejercen un autogobierno que les permite el ingreso de mujeres, drogas, armas y dinero, sin contar que desde ahí se ordena el cobro de la extorsión y los asesinatos por encargo de aquellos ciudadanos que se resisten a pagar el “impuesto de guerra”.
Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas, dijo que es urgente que el Estado recupere el control de estos centros. “Lo que hace falta es gobernabilidad de parte del Estado y esto solo se logra a través de la disciplina porque si no hay control disciplinario los centros están a merced de los reclusos y, además, deben haber controles tecnológicos para ejercer dominio de todo lo que ingresa a la cárcel como armas y celulares”.
El exjefe castrense estimó que debe haber una clasificación de los reclusos para que no haya hacinamiento y, además, se establezca un proceso de rehabilitación fuerte que incluya educación obligatoria, trabajos forzados y la aplicación de medidas disciplinarias enérgicas.
A su juicio, la actual situación de los penales amerita una inmediata intervención por parte de las instituciones de seguridad responsables del sistema penitenciario a efecto de retomar el control y devolver la tranquilidad a la sociedad.
Mercados persas
German Leitzelar, exdiputado y asesor de la Comisión de Depuración policial opinó que lastimosamente por la ausencia de control del Estado los reclusorios se convirtieron en mercados persas y escuelas del crimen, tal como lo retrata el trabajo de LA PRENSA.
Dijo que las cárceles como centros de rehabilitación solo funcionan cuando hay una verdadera política, pero en Honduras se volvieron centros de operación del crimen organizado.
Agregó que se generan prebendas y beneficios que no están enmarcados en el proceso de rehabilitación para reinsertar al reo en la sociedad, sino para que siga ejerciendo sus actividades ilícitas desde esos centros alejados del control político, social y financiero y de los principios de autoridad que debe tener un Estado.
“Estamos de acuerdo que se debe construir un proceso de reincorporación de las personas a la sociedad, pero no en la forma como se opera acá que se convierten en mercados persas en donde se hace y se deshace al margen de la ley y al abuso, incluso con cobros y con irregularidades, o sea, no son centros de rehabilitación.
Leitzelar es del criterio que los centros penales deben ser habilitados para que cumplan con las condiciones humanas adecuadas, pero no con prebendas y privilegios de los que gozan algunos sectores de los detenidos y no todos.
“Eso se debe controlar reestructurando y reorganizando adecuadamente esos centros, y aquellos recintos que se encuentran en la ciudad deben ser trasladados a lugares de mayor aislamiento, adonde existan todas las garantías y facilidades humanas para evitar ese tipo de abusos, y sacándolos de la ciudad se evita que haya ese tráfico de influencias”, acotó.
Autogobierno
Arabezca Sánchez, exfiscal y experta en seguridad, destacó el trabajo de LA PRENSA e indicó que esta serie retrató el problema histórico de los penales del autogobierno que ejercen los presos. “Por la parte oficial aparentemente es el Estado el que administra y gobierna ese sistema, pero cuando ustedes lo ven desde adentro se dan cuenta que los privados de libertad tienen implementado un sistema de autogobierno en donde desgraciadamente salen a relucir temas de corrupción, puesto que son capaces de ingresar cualquier cantidad de objetos, alimentos, armas y drogas”, dijo.
Esta serie ha reflejado que los mismos reclusos preparan la droga para la venta al narcomenudeo, que es lo mismo que ocurre con las extorsiones. “Las cárceles siguen siendo utilizadas como un centro operativo del crimen y que al final deja al desnudo todas las carencias y debilidades que el sistema penitenciario tiene”.
