Tegucigalpa
Con la evacuación de las pruebas periciales presentadas por el Ministerio Público, continuó ayer el juicio oral y público contra Santos Orlando Rodríguez Orellana, excapitán de las Fuerzas Armadas de Honduras; su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla Bonilla y la suegra de este, Reina Lizeth Bonilla Márquez.
La pericia informática aportada por el ente acusador del Estado consistió en la información financiera encontrada en dispositivos electrónicos, propiedad de la familia Orellana Bonilla.
El perito del MP expuso ante el tribunal y las partes procesales que de los seis dispositivos analizados, solo en tres pudo encontrar información que a su parecer y para los efectos del juicio, era de valor, en los otros tres “no se encontró información relevante”.
Se detalló que el exoficial y las otras dos acusadas tuvieron una relación comercial de cantidades de dinero considerables, en las que las empresas de los encausados les proveyeron de insumos a la Fuerza Naval de Honduras, a la industria militar de las Fuerzas Armadas, entre otras.
“Entonces, entenderíamos que las Fuerzas Armadas también son cómplices del delito de lavado de activos. La señora Reina Bonilla es proveedora de las Fuerzas Armadas y vieron los montos; la cantidad de dinero que consumen estas instituciones”, argumentó Salomón Amador, defensor privado de Orellana.
