Tegucigalpa
El 25 de agosto el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un documento donde mostró su preocupación por el clima de inversión en Honduras y la ley de amnistía, también conocida como pacto de impunidad.
En el documento también expusieron sus dudas sobre el proyecto de Ley de Justicia Tributaria y en torno a la amnistía política expusieron que “probablemente impediría que la comisión anticorrupción investigara un número significativo de casos y hasta qué punto la Cicih sería independiente y tendría autoridad de investigación es una cuestión abierta”.
Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia, dialogó sobre la postura del Departamento de Estado y dijo que la posición del Departamento de Estado confunde porque “reconoce esfuerzos del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero al mismo tiempo hacen una crítica, entonces es contradictorio”.
Naciones Unidas y el Departamento de Estado han cuestionado la ley de amnistía, no obstante, Pastor afirmó que este decreto no obstaculiza la lucha contra la corrupción.
“No entiendo cómo esa ley es un obstáculo para la lucha contra la corrupción e impunidad ni cómo esa ley blinde”, dijo.
“Es una ley que se da en el marco de la normalización de un rompimiento constitucional en 2009, se dio una persecución en contra de quienes apoyaban la consulta de la Cuarta Urna y en ese sentido fueron las víctimas de esa persecución a quienes se les fabricaron casos”, añadió.
Al preguntarle si considera que el convenio para la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras puede no firmarse a raíz de esta ley, concluyó que “me he reunido con los expertos que estuvieron en la segunda misión exploratoria y en ningún momento hicieron énfasis en ese decreto”.
