Es fundamental que se establezcan reglas claras y sencillas en el nuevo código tributario que se socializa en el país y procurar atraer la inversión nacional y extranjera, declara el empresario sampedrano Jorge Alberto Faraj.
Considera que el nuevo reglamento debe tomar como base la estructura financiera nacional para que responda a los requerimientos del sector empresarial establecido en el país.
Esperamos un nuevo Código Tributario que responda al grado de complejidad de nuestra propia economía; que sea elaborado por profesionales en la materia y propuestos por los sectores involucrados. Cada país es especial en su estructura financiera, por ello debemos crear un Código basado en las características propias de Honduras.
Debería. Requerimos de una nueva ley que contribuya a la generación de inversión y en consecuencia de empleo.
Las reglas claras y la agilidad de trámites son atractivas para la inversión tanto nacional como extranjera.
En el tema de impuestos para todo empresario son fundamentales dos premisas: las tasas de los tributos y el procedimiento para realizar el pago; es por eso que para nosotros es indispensable contar con reglas claras y sencillas que propicien la agilidad en los trámites que necesariamente debemos llevar a cabo todos los hondureños.
La agilidad de la administración pública es fundamental y la claridad de la nueva ley para su comprensión y aplicación en todos los sectores involucrados.
Debe tomar en cuenta que la discusión de una nueva ley es una gran oportunidad para mejorar los obstáculos que presenta el sistema tributario vigente.
Estamos seguros que a través de la participación y el diálogo entre el Gobierno y el sector privado, podremos estructurar una herramienta adecuada para el desarrollo económico del país, basándonos en nuestra propia realidad.
Todos los sectores debemos buscar el fortalecimiento del Estado de Derecho, y eso solamente es posible lograrlo a través del fortalecimiento institucional, basados en leyes debidamente socializadas.
El Código actual es un instrumento regulatorio que presenta un desfase con relación a nuevas operaciones fiscales, comerciales y financieras.
Desde su creación ha sufrido variedad de reformas que lo hacen poco claro e incrementa el riesgo de errores en su aplicación, ya que en muchos casos está ligado al criterio subjetivo del ente recaudador, dejando a los contribuyentes en muchas ocasiones sin derecho a defenderse.