Tegucigalpa, Honduras.
Diferentes sectores de la sociedad aplaudieron ayer las reformas a la Ley de Secretos que limitan a 10 años el nivel de reserva de la información oficial de seguridad nacional; no obstante, advirtieron que también deben revisarse aquellos artículos que coartan la libertad de expresión.
Suyapa Thuman, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), catalogó de positivas las enmiendas a la polémica ley y consideró que se tomaron en cuenta las recomendaciones que formuló en su momento la entidad a su cargo. “De conformadidad con la resolución que emitió el IAIP haciendo la recomendación de reformas, se planteaba dejar claramente establecido qué documentos por razón de seguridad nacional podían declararse reservados o en secreto”, apuntó.
Thuman dijo que la reserva debe ser la excepción de la regla y debe estar claramente definida, y en este caso así ha quedado plasmada en el proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo.
El jurista Raúl Pineda Alvarado consideró que se trata de un avance, ya que como estaba originalmente concebida, la ley se prestaba al encubrimiento de una cantidad muy grande de actos que pudieran ser calificados de corrupción.
La reforma vuelve más permeable el acceso de los ciudadanos a temas que tienen que ver con la administración pública y el manejo de fondos, concretamente la reducción del período de la reserva de ciertas información de carácter militar e internacional.
“Es un respiro frente al monumental muro que contenía la ley original. El otro aspecto es la eliminación de secretos con respecto a transacciones puramente administrativas, donde estaba involucrado el interés público.
Aunque tardíamente, la reforma viene a contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho”, acotó.
Carlos Hernández, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y de Transparencia Internacional, calificó de positivo el hecho de que el tema entró a discusión en el Congreso Nacional, ya que es una demanda que vienen haciendo desde hace varios años diferentes sectores del país.
“Hemos hecho una análisis preliminar y nos parece que hay cosas buenas, y esperamos que los diputados de las distintas bancadas puedan asumir una labor proactiva al momento de discutirlo y que el resultado sea la protección del acceso a la información pública como derecho fundamental”, apuntó.
Derogación
Edmundo Orellana, exfiscal general del Ministerio Público, es del criterio que la Ley de Secretos no requiere reformas, sino su derogación completa, porque le da un poder absoluto al Presidente para que a través del Consejo de Defensa y Seguridad y la Dirección de Inteligencia controle todo el Estado.
“Esa ley puede imponerle secreto a un proceso judicial, a una investigación del Ministerio Público y a todos los actos y contratos de todas las instituciones descentralizadas y de la administración central”. Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), opinó que la reforma es un avance; pero es del criterio que deben derogarse todos aquellos artículos que lesionan la libertad de expresión, que blindan la información de ciertas instituciones públicas y que criminaliza la labor de los reporteros que hacen periodismo de investigación y que manejan información reservada que el Estado pueda alegar que es de seguridad nacional.
“Por ejemplo, no se puede obligar a un periodista a revelar su fuente confidencial argumentando motivos de seguridad nacional”, dijo.
Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración de la Policía, consideró que “la reforma debe celebrarse porque satisface una demanda popular y un anhelo ciudadano de precisar las razones por las cuales una información debería ser secreta y no abierta”.
Diferentes sectores de la sociedad aplaudieron ayer las reformas a la Ley de Secretos que limitan a 10 años el nivel de reserva de la información oficial de seguridad nacional; no obstante, advirtieron que también deben revisarse aquellos artículos que coartan la libertad de expresión.
Suyapa Thuman, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), catalogó de positivas las enmiendas a la polémica ley y consideró que se tomaron en cuenta las recomendaciones que formuló en su momento la entidad a su cargo. “De conformadidad con la resolución que emitió el IAIP haciendo la recomendación de reformas, se planteaba dejar claramente establecido qué documentos por razón de seguridad nacional podían declararse reservados o en secreto”, apuntó.
Thuman dijo que la reserva debe ser la excepción de la regla y debe estar claramente definida, y en este caso así ha quedado plasmada en el proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo.
El jurista Raúl Pineda Alvarado consideró que se trata de un avance, ya que como estaba originalmente concebida, la ley se prestaba al encubrimiento de una cantidad muy grande de actos que pudieran ser calificados de corrupción.
La reforma vuelve más permeable el acceso de los ciudadanos a temas que tienen que ver con la administración pública y el manejo de fondos, concretamente la reducción del período de la reserva de ciertas información de carácter militar e internacional.
“Es un respiro frente al monumental muro que contenía la ley original. El otro aspecto es la eliminación de secretos con respecto a transacciones puramente administrativas, donde estaba involucrado el interés público.
Aunque tardíamente, la reforma viene a contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho”, acotó.
Carlos Hernández, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y de Transparencia Internacional, calificó de positivo el hecho de que el tema entró a discusión en el Congreso Nacional, ya que es una demanda que vienen haciendo desde hace varios años diferentes sectores del país.
“Hemos hecho una análisis preliminar y nos parece que hay cosas buenas, y esperamos que los diputados de las distintas bancadas puedan asumir una labor proactiva al momento de discutirlo y que el resultado sea la protección del acceso a la información pública como derecho fundamental”, apuntó.
Derogación
Edmundo Orellana, exfiscal general del Ministerio Público, es del criterio que la Ley de Secretos no requiere reformas, sino su derogación completa, porque le da un poder absoluto al Presidente para que a través del Consejo de Defensa y Seguridad y la Dirección de Inteligencia controle todo el Estado.
“Esa ley puede imponerle secreto a un proceso judicial, a una investigación del Ministerio Público y a todos los actos y contratos de todas las instituciones descentralizadas y de la administración central”. Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), opinó que la reforma es un avance; pero es del criterio que deben derogarse todos aquellos artículos que lesionan la libertad de expresión, que blindan la información de ciertas instituciones públicas y que criminaliza la labor de los reporteros que hacen periodismo de investigación y que manejan información reservada que el Estado pueda alegar que es de seguridad nacional.
“Por ejemplo, no se puede obligar a un periodista a revelar su fuente confidencial argumentando motivos de seguridad nacional”, dijo.
Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración de la Policía, consideró que “la reforma debe celebrarse porque satisface una demanda popular y un anhelo ciudadano de precisar las razones por las cuales una información debería ser secreta y no abierta”.
