Tegucigalpa, Honduras.
Los grupos campesinos del Bajo Aguán están pidiendo más plazo para comenzar a pagar al Estado las tierras que fueron compradas a terratenientes de la conflictiva zona.
El secretario general del Movimiento Unificado Campesino Del Aguán (Muca), Raúl Ramírez, informó que se les concederá un tiempo adicional de tres años de gracia, pero se mantienen los plazos de 15 años y la tasa de interés preferencial del seis por ciento.
En 2012, el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, a través del estatal Banco Hondureño de Producción y Vivienda (Banhprovi), le prestó a los campesinos organizados en el Muca y Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino de Aguán (Marca), de Colón, un fondo por más de 600 millones de lempiras para pagar más de 4,000 hectáreas a los inversionistas Miguel Facussé y René Morales.
Este financiamiento fue negociado a 15 años plazo, a una tasa preferencial del 6% y con tres años de gracia con la condición de que hicieran abonos solamente al capital.
A finales de 2014, los grupos campesinos dejaron de pagar bajo el argumento de que el precio por tonelada de la fruta de palma aceitera bajó de 3,500 a 1,500 lempiras por tonelada.
Si seguían abonando al capital, no les quedaba para el sustento diario de sus familias y empezaron a caer en mora con el Gobierno.
Compensados
Después de largas renegociaciones, los campesinos lograron, además, que el Estado les reconozca, y lo amortice al capital, la inversión social que los grupos han hecho en sus comunidades relacionadas con educación, salud, vivienda, infraestructura y maquinaria agrícola que, según el acuerdo suscrito en abril de 2010, que puso fin al conflicto agrario, correspondía al Estado ejecutar estos proyectos.
Sin embargo, el Gobierno no lo hizo y tocó a los campesinos crear escuelas, centros de salud, abrir carreteras y pagar al personal que ahí labora. Ramírez dijo que han hecho una significativa inversión en la zona de conflicto, donde viven casi tres mil familias.
El proyecto de decreto legislativo dice: La inversión social “será absorbida como costo del Estado” y se aplicará “inmediatamente a amortizar la deuda por capital. Esta disposición deberá cumplirse a más tardar en el término de noventa días a partir de la entrada en vigencia de este decreto”.
Los grupos campesinos del Bajo Aguán están pidiendo más plazo para comenzar a pagar al Estado las tierras que fueron compradas a terratenientes de la conflictiva zona.
El secretario general del Movimiento Unificado Campesino Del Aguán (Muca), Raúl Ramírez, informó que se les concederá un tiempo adicional de tres años de gracia, pero se mantienen los plazos de 15 años y la tasa de interés preferencial del seis por ciento.
En 2012, el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, a través del estatal Banco Hondureño de Producción y Vivienda (Banhprovi), le prestó a los campesinos organizados en el Muca y Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino de Aguán (Marca), de Colón, un fondo por más de 600 millones de lempiras para pagar más de 4,000 hectáreas a los inversionistas Miguel Facussé y René Morales.
Este financiamiento fue negociado a 15 años plazo, a una tasa preferencial del 6% y con tres años de gracia con la condición de que hicieran abonos solamente al capital.
A finales de 2014, los grupos campesinos dejaron de pagar bajo el argumento de que el precio por tonelada de la fruta de palma aceitera bajó de 3,500 a 1,500 lempiras por tonelada.
Si seguían abonando al capital, no les quedaba para el sustento diario de sus familias y empezaron a caer en mora con el Gobierno.
Compensados
Después de largas renegociaciones, los campesinos lograron, además, que el Estado les reconozca, y lo amortice al capital, la inversión social que los grupos han hecho en sus comunidades relacionadas con educación, salud, vivienda, infraestructura y maquinaria agrícola que, según el acuerdo suscrito en abril de 2010, que puso fin al conflicto agrario, correspondía al Estado ejecutar estos proyectos.
Sin embargo, el Gobierno no lo hizo y tocó a los campesinos crear escuelas, centros de salud, abrir carreteras y pagar al personal que ahí labora. Ramírez dijo que han hecho una significativa inversión en la zona de conflicto, donde viven casi tres mil familias.
El proyecto de decreto legislativo dice: La inversión social “será absorbida como costo del Estado” y se aplicará “inmediatamente a amortizar la deuda por capital. Esta disposición deberá cumplirse a más tardar en el término de noventa días a partir de la entrada en vigencia de este decreto”.
