Tegucigalpa, Honduras.
La Sala de lo Constitucional reactivó los procesos judiciales contra implicados en el denominado “carretillazo”.
Por un espacio de cinco años, el proceso judicial no avanzó contra los supuestos responsables del saqueo de 40 millones de lempiras del Banco Central de Honduras.
Según los antecedentes, el 24 de junio de 2009, en el gobierno de Manuel Zelaya, se sustrajeron de las bóvedas del Banco los 40 millones de lempiras en efectivo. La denuncia la expuso el entonces ministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero.
La Fiscalía contra la Corrupción interpuso un primer requerimiento fiscal el 5 de julio de 2009. Luego se formalizaron otros tres; los procesos se estancaron en el Juzgado de Letras Penal de Comayagüela por recursos de apelación y de amparo interpuestos por tribunales de alzada del Poder Judicial.
En un caso, la Fiscalía interpuso acusación contra el entonces ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza y contra José Antonio Borjas Massis, José Francisco Young y Edwin Araque Bonilla, por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones. A Borjas Massis, Young y Araque se les dictó sobreseimiento.
Flores Lanza interpuso un amparo a favor suyo contra una resolución emitida por la Corte de Apelaciones.
La Sala de lo Constitucional admitió el amparo, registrado con número 489-14, dejando pendiente la suspensión o no del acto reclamado.
En su resolución de admisibilidad, la Sala instruyó a la Corte de Apelaciones y al Juzgado Penal que remita antecedentes del caso.
Asimismo, la Sala de lo Constitucional hizo la observación que, “el envío de los antecedentes no obsta para que tales funcionarios o empleados continúen con el conocimiento del asunto, y con tal fin, dejarán un extracto de las actuaciones principales, asimismo, deberán abstenerse de dictar sentencia hasta que se resuelva la presente acción de amparo”.
Citación
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, confirmó los alcances del fallo judicial. Específicamente, que el Juzgado Penal ya fijó audiencia para reactivar los procesos judiciales.
“La Fiscalía contra la Corrupción se apresta a dos citaciones de forma inmediata, ambas tendrán lugar el día 27 de junio”, informó Cálix.
En esa fecha se desarrollarán, por un lado, la audiencia de declaración de imputado; en la otra la continuación de la audiencia inicial en el proceso contra Flores Lanza, explicó.
En las mismas, la Fiscalía pedirá que se apliquen a imputados las medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
La Sala de lo Constitucional reactivó los procesos judiciales contra implicados en el denominado “carretillazo”.
Por un espacio de cinco años, el proceso judicial no avanzó contra los supuestos responsables del saqueo de 40 millones de lempiras del Banco Central de Honduras.
Según los antecedentes, el 24 de junio de 2009, en el gobierno de Manuel Zelaya, se sustrajeron de las bóvedas del Banco los 40 millones de lempiras en efectivo. La denuncia la expuso el entonces ministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero.
La Fiscalía contra la Corrupción interpuso un primer requerimiento fiscal el 5 de julio de 2009. Luego se formalizaron otros tres; los procesos se estancaron en el Juzgado de Letras Penal de Comayagüela por recursos de apelación y de amparo interpuestos por tribunales de alzada del Poder Judicial.
En un caso, la Fiscalía interpuso acusación contra el entonces ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza y contra José Antonio Borjas Massis, José Francisco Young y Edwin Araque Bonilla, por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones. A Borjas Massis, Young y Araque se les dictó sobreseimiento.
Flores Lanza interpuso un amparo a favor suyo contra una resolución emitida por la Corte de Apelaciones.
La Sala de lo Constitucional admitió el amparo, registrado con número 489-14, dejando pendiente la suspensión o no del acto reclamado.
En su resolución de admisibilidad, la Sala instruyó a la Corte de Apelaciones y al Juzgado Penal que remita antecedentes del caso.
Asimismo, la Sala de lo Constitucional hizo la observación que, “el envío de los antecedentes no obsta para que tales funcionarios o empleados continúen con el conocimiento del asunto, y con tal fin, dejarán un extracto de las actuaciones principales, asimismo, deberán abstenerse de dictar sentencia hasta que se resuelva la presente acción de amparo”.
Citación
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, confirmó los alcances del fallo judicial. Específicamente, que el Juzgado Penal ya fijó audiencia para reactivar los procesos judiciales.
“La Fiscalía contra la Corrupción se apresta a dos citaciones de forma inmediata, ambas tendrán lugar el día 27 de junio”, informó Cálix.
En esa fecha se desarrollarán, por un lado, la audiencia de declaración de imputado; en la otra la continuación de la audiencia inicial en el proceso contra Flores Lanza, explicó.
En las mismas, la Fiscalía pedirá que se apliquen a imputados las medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
