Aunque el conflicto entre pobladores, unos a favor y otros en contra de la actividad minera, lleva varios años en el municipio de La Unión, Copán, en las últimas horas se registraron hechos que generan preocupación a los entes garantes de los derechos humanos en Honduras.
En redes sociales circuló un video en el que se muestra a un hombre que, con machete en mano, amenaza y finalmente ataca sin éxito a empleados de la empresa Aura Minosa.
El hecho en referencia ocurrió el sábado 26 de marzo cuando, según vecinos de la comunidad de Azacualpa, en donde opera la minera, el hombre con el machete se acercó a los predios con el fin de impedir los trabajos de explotación que se realizan en un tajo donde antes estuvo el cementerio de la comunidad.
Rolando Milla, delegado regional del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), ente que ha dado seguimiento e intermediación en el conflicto, explicó que las diferencias entre los pobladores derivan del traslado del cementerio de Azacualpa, en el que la mayoría de las personas cuyos parientes estaban sepultados en el camposanto acordó recibir una remuneración de la empresa minera y una parte “nunca llegó a un acuerdo”
95%
de los empleados de Minerales de Occidente (Minosa) son habitantes de las comunidades aledañas, según informaron en comunicado lo ejecutivos.
En medio de un litigio legal, el cementerio se trasladó en su totalidad en enero; sin embargo, la Corte de Apelaciones ordenó en febrero detener las exhumaciones.
Intervención
En un comunicado oficial emitido ayer, el Conadeh instó al Estado hondureño a que por medio de las instituciones competentes, es decir Mi Ambiente y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), se atienda “la situación de conflictividad social generada en el sector minero y particularmente en esta región del país, con el objetivo de evitar confrontaciones que puedan provocar lesiones o la muerte de personas o daños a sus bienes”.
El delegado regional del Conadeh indicó que las referidas instituciones son las llamadas a garantizar el cumplimiento de acuerdos y procesos de la minera.
También, Secretaría de Derechos Humanos estableció por medio de un comunicado “el cese a la hostilidad y cumplimiento de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional y la sala judicial de Santa Rosa de Copán”.
40 años en la zona
La compañía Aura Minosa, de origen canadiense, afirmó que ha operado en la zona de La Unión, Copán, por unos 40 años “con todos los permisos de concesión, tenencia de la superficie, permisos ambientales y sociales otorgados por el Estado de Honduras y las comunidades”.
Minosa alega que “el traslado del cementerio del antiguo San Andrés fue un proceso en donde se hizo la debida diligencia siguiendo el procedimiento establecido por la guía de las Naciones Unidas sobre la consulta y consentimiento libre previo e informado, fue un proceso socializado con las comunidades, solicitado por más de 480 personas consultadas y ejecutado a través de una orden judicial”.
Añadió que el traslado del cementerio fue ejecutado por las autoridades competentes del Estado de Honduras, “quienes actuaron de manera diligente y responsable ante el riesgo geológico en el que se encontraba el camposanto”.
La compañía minera además invitó a autoridades de entes gubernamentales a que visiten el área de operaciones de la empresa en La Unión, y que “confirmen que se trabaja bajo estándares internacionales”.
