En un ambiente de polémica y suspicacias, el Congreso Nacional inició ayer la discusión de la compra de 695 megavatios de energía renovable.
Se trata de los 47 contratos de suministro energético suscritos por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, mediante un proceso de licitación pública iniciado por el gobierno anterior y concluido en esta administración.
El presidente del CN, Juan Hernández, anunció que hoy serán aprobados en primer debate y ordenó que las comisiones de energía, las autoridades de la Enee y de la Coalición Patriótica de Solidaridad, CPS, preparen un decreto para dejar protegido el interés de las comunidades donde se instalarán los proyectos de generación.
Una moción del democristiano Augusto Cruz Ascencio, aprobada con 67 votos a favor, está orientada a introducir en los decretos una salvaguarda para garantizarles la protección ambiental a las comunidades.
La iniciativa generó una polémica por cuanto algunos diputados alegaron que no se podía introducir disposiciones adicionales de tales contratos debido a que ya estaban aprobados por el Ejecutivo y que la función del Congreso en este caso era aprobarlos o improbarlos.
Uno por uno
El presidente del CN, Juan Hernández explicó que los contratos tendrían que ser aprobados uno por uno porque fueron dictaminados por separado, en virtud de que cada uno tiene sus propias especificaciones.
El jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, ratificó la posición de ese grupo político a favor de la aprobación, pero pidió darle más tiempo para ampliar información a los diputados.
El jefe de la facción nacionalista, Celín Discua, se pronunció porque la decisión se tomara en forma transparente, contrato por contrato, posición avalada por el jefe de la facción democristiana, Orle Solís.
La discordia
En la sesión de ayer compareció una representación de la Coalición Patriótica para que expusiera ante el pleno sus argumentos de oposición a la firma de estos contratos y el gerente de la Enee, Roberto Martínez, para sostener la defensa de los mismos.
El debate entre la CPS y la Enee se centró en el precio del kilovatio hora, pues las organizaciones de la sociedad civil sostienen que en Guatemala, El Salvador y Costa Rica se licitó la compra de energía renovable a precios más bajos.
Otro cuestionamiento es el período de concesiones (30 años) y que en esta licitación se repartieron el treinta por ciento de los proyectos generadores y que el 70% restante les queda a las compañías térmicas.
