Tegucigalpa, Honduras.
Entre los cambios que sugiere el Poder Ejecutivo para evitar que desde los centros penales se ordenen los crímenes está la regulación de visitas, incluso las conyugales.
En el caso de las visitas generales se busca implementar un mecanismo que permita grabar las conversaciones.
Se retoma también el tema de la regulación de señal telefónica y de acceso a Internet en los centros.
El jueves, el Gobierno anunció que envió al Congreso Nacional una iniciativa para reestructurar el sistema penitenciario.
A criterio del presidente Juan Orlando Hernández, estos cambios a la ley permitirán hacer acciones concretas para evitar que desde los centros penales haya comunicaciones en las que se ordene cometer un crimen. Según el mandatario, una de las principales estrategias será aislar a los reos de peligrosidad.
Operativos
Ayer la Policía Militar montó operativos simultáneos en cinco centros penales del país. En el operativo que ejecutaron las autoridades de Fusina en el centro penal de San Pedro Sula, en los módulos 16-B, 19, 24, 25 y 27 de los reos conocidos como pesetas, decomisaron 12 celulares, 12 baterías para celular, 7 chips para celular, 12 USB, 3 iPhone y 3 cámaras.
También decomisaron 20 puñales, 3 proyectiles calibre nueve milímetros, 72 carrucos de marihuana, 2 plantas de marihuana, 12 jeringas, un Playstation, un machete, 10 punzones, 65 cargadores para celular, 4 cervezas en envase de vidrio, 2 tijeras, 3 alicates, 3 encendedores, 11 cobertores para celular y 28 audífonos.
Peligrosidad
El pasado 7 de septiembre, el coronel Amílcar Hernández, titular de la Fuerza Nacional Antiextorsión, reveló que el 80% de los atentados contra las empresas por extorsión se ordenan desde las cárceles.
Y es que la regulación de las comunicaciones no ha sido eficiente. Para el caso, ayer el Ministerio Público divulgó que iniciarán una investigación de oficio en el centro penal de Santa Bárbara.
La razón es que en una visita in situ a ese centro carcelario, la Fiscalía detectó el registro de accesos a Internet a través de señal wifi.
“El Ministerio Público hará lo propio y si se tiene que deducir responsabilidades, se va a hacer”, advirtió Carlos Morazán, vocero de la Fiscalía.
“Se sabe que desde los centros penales se mandan mensajes extorsivos y de sicariato y eso no puede continuar pasando”. Según Orle Solís, del Conaprev, varias de estas medidas ya están contenidas en la ley “picapiedra”.
Entre los cambios que sugiere el Poder Ejecutivo para evitar que desde los centros penales se ordenen los crímenes está la regulación de visitas, incluso las conyugales.
En el caso de las visitas generales se busca implementar un mecanismo que permita grabar las conversaciones.
Se retoma también el tema de la regulación de señal telefónica y de acceso a Internet en los centros.
El jueves, el Gobierno anunció que envió al Congreso Nacional una iniciativa para reestructurar el sistema penitenciario.
A criterio del presidente Juan Orlando Hernández, estos cambios a la ley permitirán hacer acciones concretas para evitar que desde los centros penales haya comunicaciones en las que se ordene cometer un crimen. Según el mandatario, una de las principales estrategias será aislar a los reos de peligrosidad.
Operativos
Ayer la Policía Militar montó operativos simultáneos en cinco centros penales del país. En el operativo que ejecutaron las autoridades de Fusina en el centro penal de San Pedro Sula, en los módulos 16-B, 19, 24, 25 y 27 de los reos conocidos como pesetas, decomisaron 12 celulares, 12 baterías para celular, 7 chips para celular, 12 USB, 3 iPhone y 3 cámaras.
También decomisaron 20 puñales, 3 proyectiles calibre nueve milímetros, 72 carrucos de marihuana, 2 plantas de marihuana, 12 jeringas, un Playstation, un machete, 10 punzones, 65 cargadores para celular, 4 cervezas en envase de vidrio, 2 tijeras, 3 alicates, 3 encendedores, 11 cobertores para celular y 28 audífonos.
Peligrosidad
El pasado 7 de septiembre, el coronel Amílcar Hernández, titular de la Fuerza Nacional Antiextorsión, reveló que el 80% de los atentados contra las empresas por extorsión se ordenan desde las cárceles.
Y es que la regulación de las comunicaciones no ha sido eficiente. Para el caso, ayer el Ministerio Público divulgó que iniciarán una investigación de oficio en el centro penal de Santa Bárbara.
La razón es que en una visita in situ a ese centro carcelario, la Fiscalía detectó el registro de accesos a Internet a través de señal wifi.
“El Ministerio Público hará lo propio y si se tiene que deducir responsabilidades, se va a hacer”, advirtió Carlos Morazán, vocero de la Fiscalía.
“Se sabe que desde los centros penales se mandan mensajes extorsivos y de sicariato y eso no puede continuar pasando”. Según Orle Solís, del Conaprev, varias de estas medidas ya están contenidas en la ley “picapiedra”.
