Tocoa. Una urgente intervención por parte del Gobierno en las fincas de palma africana invadidas en el departamento de Colón pide la Asociación de Industriales de la Palma Aceitera de Honduras.
En los últimos días, 11,345 hectáreas de plantaciones en producción, ubicadas en la margen izquierdo, entre los municipios de Tocoa y Sonaguera, han sido tomadas a la fuerza por grupos de supuestos campesinos.
Las empresas más afectadas son Agropalma con 5,651 hectáreas, Dinant con 3,781, Aceidesa con 1,045 y Salamá con 729 hectáreas tomadas. Asimismo, han sido ocupadas alrededor de 139 hectáreas de productores independientes.
“Son organizaciones de delincuentes que se quieren aprovechar de una coyuntura de transición del Gobierno. Ellos han de pensar que el Gobierno ya se va y no les importa y el que viene pues igual, lo puede tomar de otro modo”, dijo Héctor Castro, presidente de la Asociación de Industriales de la Palma Aceitera de Honduras.
Efectos de las invasiones de las fincas de palma
La semana anterior, centenares de trabajadores que fueron despedidos por las empresas que les fueron invadidas sus fincas se tomaron la carretera CA-13 por varias horas. Ellos exigen al Gobierno que tome cartas en el asunto para recuperar sus empleos.
Los trabajadores que todavía no han perdido sus trabajos están pidiendo a la Fiscalía y al Gobierno una pronta solución a la problemática de invasión de las fincas, de lo contrario amenazan con tomarse la carretera CA-13 para ejercer presión.
Ejecutivos de las empresas afectadas por las últimas invasiones ya presentaron ante la Fiscalía la denuncia de la usurpación de tierras, junto a los títulos de propiedad. En el nuevo Código Penal, la Fiscalía tiene la potestad de emitir las órdenes de desalojo.
“Esto es un atentado flagrante a la empresa privada y al orden jurídico. Hay una ley bien clara que tipifica para este tipo de invasiones que solo tiene que acreditar el dueño la legitimidad de la propiedad ante la Fiscalía y los tiene que sacar en horas. Esto está provocando un daño terrible, por eso pedimos una intervención urgente del Gobierno. Qué empresario va a querer invertir en el agro si no se respeta el orden jurídico en nuestro país”, añadió Castro.
Según datos de la Asociación de Industriales de la Palma Aceitera, unos siete millones de lempiras diarios se están perdiendo con las recientes invasiones. Tomando en cuenta que las fincas invadidas están en plena producción y los invasores están cosechando la fruta.
Las 11,345 hectáreas de palma invadidas generan una producción anual de aproximadamente 260,935 toneladas. Estas tienen un valor en el mercado de cinco mil lempiras por tonelada. Por lo que las pérdidas en total de las empresas afectadas ascenderían a un poco más de 1,300 millones de lempiras.
Un ejecutivo de Corporación Dinant, quien omitió su nombre, le dijo a diario LA PRENSA que “solo a nosotros nos han invadido 3,781 hectáreas, y en toda la zona más de 11,000 de diferentes empresas. Se pide al Gobierno que haga cumplir la ley haciendo que se respete el derecho a la propiedad privada”.
La invasión a las fincas ha provocado que se pierdan unos 1,200 empleos. Los ejecutivos de las empresas afectadas han tenido que despedir al personal.
Jorge Bulnes, directivo de la empresa Agropalma, manifestó que solo en su cooperativa la semana anterior se vieron obligados a cesantear a una buena parte de los trabajadores.
“Cancelamos el miércoles a 322 empleados y nos corresponde cancelarles las prestaciones por más de tres millones de lempiras”, dijo Bulnes. “Pedimos al Gobierno que aplique la ley porque este es un robo descarado por parte de delincuentes. Estos no son campesinos, son personas que ya han estado presas por robo”, agregó.
La Andi exige ejecutar los desalojos
TEGUCIGALPA. La Asociación Nacional de Industriales (Andi) solicitó a las autoridades correspondientes mediante un comunicado que hagan cumplir la ley y paren las invasiones de plantaciones de palma africana en el Bajo Aguán.
“Solicitamos a las autoridades que efectúen de acuerdo con la ley los desalojos”. “Que cumplan con su deber de salvaguardar el derecho al empleo, la propiedad privada y el Estado de derecho. Si no hay seguridad jurídica no habrá inversión”, dice parte del documento.
