La situación de los enfermos renales se agudiza debido a que el gobierno no proporciona respuesta a la problemática, aseguró este jueves la fiscal de Derechos Humanos,
Suyapa Vásquez.
Los servicios que brindan a enfermos renales dos empresas privadas serán suspendidos debido a una millonaria deuda del gobierno.La medida entrará en vigencia el próximo lunes 1 de julio.Vásquez detalló que las sumas que se adeudan ascienden a
40 millones de lempiras a la empresa Dicohsa y 70 millones a Diálisis de Honduras.
Al menos 1,450 enfermos renales podrían morir, ya que sus vidas dependen del tratamiento que brindan las empresas.
“Hemos llamado a todos lados incluso al presidente (Porfirio Lobo) para que se haga una petición a Finanzas para ver de dónde sacan recursos para dar una respuesta a los enfermos con problemas renales que están en crisis”, dijo Vásquez.
Aseguró además, que se reunió con representantes de Finanzas, quienes le manifestaron que no cuentan con partida presupuestaria para cancelar las deudas a las empresas de diálisis.
Vásquez declaró que “las compañías tienen voluntad de atender a los enfermos y como Fiscalía entendemos que ellos venden el servicio, pero hemos abierto toda una investigación para establecer responsabilidad si la hubiera”.
