El Progreso, Honduras.
La caseta de peaje, incendiada en julio de 2016 por manifestantes, está funcionando en un cien por ciento, sin embargo, son raros y contados los conductores de automóviles que pagan.
Este punto de cobro, erigido a un par de kilómetros del puente La Democracia, sigue siendo la manzana de la discordia entre habitantes de este municipio y la empresa Autopistas del Atlántico que construye el Corredor Turístico entre Cortés, Yoro y Atlántida.
Ese consorcio, conformado por CI Grodco de Colombia, CI Grodco de Panamá y Profesionales de la Construcción de Honduras, ganó en 2013 la concesión bajo el esquema Dfbot (diseñar, financiar, construir, operar y transferir) el corredor en un período de 30 años y con una inversión de $171 millones (L3,933 millones).
La empresa ganó la licitación, convocada por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), con un estudio financiero basado en una Tasa Interna de Retorno (TIR) proyectada con los ingresos futuros de los peajes.
Durante 30 años, en las casetas,
Autopistas del Atlántico captará recursos económicos para pagar la deuda adquirida y, además, obtener, como cualquier negocio, una ganancia por la inversión.
Los habitantes de El Progreso están de acuerdo y aplauden la construcción del Corredor Turístico, pero continúan manteniendo una posición férrea contra el pago que Autopistas del Atlántico pretende cobrar.
Karina Flores y más de una decena de ciudadanos cumplieron esta semana más de 235 días de mantenerse en protesta en el bulevar, a menos de 500 metros de la caseta, porque, según ellos, es un “acto de corrupción”.
“Demandamos que suspendan esas casetas. El 97% de los conductores no paga. Es el pueblo que no quiere pagar. Esta carretera es del pueblo. Tiene más de 23 años de existir y no han invertido nada en ella. Si quieren cobrar peaje, que construyan una nueva carretera”, dijo esta mujer que integra la Mesa de Indignación.
Carlos Peña, presidente de la federación de patronatos del municipio, cree que “esa empresa cometió un error al construir ese peaje porque lo hizo en el lugar equivocado”.
Periodistas de LA PRENSA observaron que la caseta opera plenamente, cuenta con seis cubículos, con igual número de cobradores, mas no reciben dinero por los conductores.
Unos pocos, algunos que manejan carros del Estado, son los que pagan para dar el ejemplo. La mayoría ignora al cobrador y espera a que la tranca se levante para pasar.
Solución
Las autoridades edilicias y empresarios, que desde el principio se opusieron a la construcción de esa caseta, esperan que el Gobierno encuentre una salida al problema para que Autopistas del Atlántico desarrolle el proyecto, sin enfrentar perjuicios financieros, y los habitantes no resulten afectados económicamente.
“Nosotros le planteamos al exministro Roberto Ordóñez algunas propuestas, pero no hemos recibido respuestas”, dijo Roberto Zelaya, gerente municipal.
Las autoridades municipales, empresarios y miembros de otras organizaciones le plantearon al Gobierno que solo cobrara en tres de los seis cubículos, es decir, en los de salida de El Progreso, con el objeto de evitar el pago doble.
Le recomendaron la creación de un mecanismo para que los habitantes de El Progreso, que trabajan en otros municipios, le trasladaran el boleto del peaje al empleador con el fin de que les desembolsara el dinero. Luego, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) se lo descontara del impuesto Sobre la Renta (ISR).
“El Corredor Turístico es un proyecto de país y el concedente es el Estado. Le corresponde al gobierno central tomar una decisión”, dijo. “Y nosotros no podemos castigar financieramente el proyecto, a la empresa. Hay que encontrarle una solución a este problema”.
Víctor Ramos, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias El Progreso, recordó que los representantes de la sociedad civil le presentaron “soluciones justas” a las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), pero hasta ahora no ha habido una decisión.
“No nos queda más que esperar la decisión del gobierno. Como Cámara de Comercio hicimos propuestas para que el golpe disminuyera”, dijo.
La caseta de peaje, incendiada en julio de 2016 por manifestantes, está funcionando en un cien por ciento, sin embargo, son raros y contados los conductores de automóviles que pagan.
Este punto de cobro, erigido a un par de kilómetros del puente La Democracia, sigue siendo la manzana de la discordia entre habitantes de este municipio y la empresa Autopistas del Atlántico que construye el Corredor Turístico entre Cortés, Yoro y Atlántida.
Ese consorcio, conformado por CI Grodco de Colombia, CI Grodco de Panamá y Profesionales de la Construcción de Honduras, ganó en 2013 la concesión bajo el esquema Dfbot (diseñar, financiar, construir, operar y transferir) el corredor en un período de 30 años y con una inversión de $171 millones (L3,933 millones).
La empresa ganó la licitación, convocada por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), con un estudio financiero basado en una Tasa Interna de Retorno (TIR) proyectada con los ingresos futuros de los peajes.
| Solicitan exoneración para los buses del transporte interurbano y buses que trasladan a estudiantes.
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Los habitantes de El Progreso están de acuerdo y aplauden la construcción del Corredor Turístico, pero continúan manteniendo una posición férrea contra el pago que Autopistas del Atlántico pretende cobrar.
Karina Flores y más de una decena de ciudadanos cumplieron esta semana más de 235 días de mantenerse en protesta en el bulevar, a menos de 500 metros de la caseta, porque, según ellos, es un “acto de corrupción”.
“Demandamos que suspendan esas casetas. El 97% de los conductores no paga. Es el pueblo que no quiere pagar. Esta carretera es del pueblo. Tiene más de 23 años de existir y no han invertido nada en ella. Si quieren cobrar peaje, que construyan una nueva carretera”, dijo esta mujer que integra la Mesa de Indignación.
| Algunos habitantes, como los miembros de la Mesa de Indignación, mantienen una posición radical. Se oponen rotundamente al pago.
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Periodistas de LA PRENSA observaron que la caseta opera plenamente, cuenta con seis cubículos, con igual número de cobradores, mas no reciben dinero por los conductores.
Unos pocos, algunos que manejan carros del Estado, son los que pagan para dar el ejemplo. La mayoría ignora al cobrador y espera a que la tranca se levante para pasar.
Solución
Las autoridades edilicias y empresarios, que desde el principio se opusieron a la construcción de esa caseta, esperan que el Gobierno encuentre una salida al problema para que Autopistas del Atlántico desarrolle el proyecto, sin enfrentar perjuicios financieros, y los habitantes no resulten afectados económicamente.
| Autoridades locales y empresarios, creen en una solución justa para todas las partes.
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Las autoridades municipales, empresarios y miembros de otras organizaciones le plantearon al Gobierno que solo cobrara en tres de los seis cubículos, es decir, en los de salida de El Progreso, con el objeto de evitar el pago doble.
Le recomendaron la creación de un mecanismo para que los habitantes de El Progreso, que trabajan en otros municipios, le trasladaran el boleto del peaje al empleador con el fin de que les desembolsara el dinero. Luego, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) se lo descontara del impuesto Sobre la Renta (ISR).
“El Corredor Turístico es un proyecto de país y el concedente es el Estado. Le corresponde al gobierno central tomar una decisión”, dijo. “Y nosotros no podemos castigar financieramente el proyecto, a la empresa. Hay que encontrarle una solución a este problema”.
Víctor Ramos, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias El Progreso, recordó que los representantes de la sociedad civil le presentaron “soluciones justas” a las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), pero hasta ahora no ha habido una decisión.
“No nos queda más que esperar la decisión del gobierno. Como Cámara de Comercio hicimos propuestas para que el golpe disminuyera”, dijo.
