El Partido Nacional de Honduras (PNH) condenó este martes la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público contra Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a quienes se acusa del delito de prevaricato judicial.
En un comunicado, la institución política calificó la acción como “un grave atentado contra la independencia del TJE y contra el equilibrio institucional del país”, señalando que el fiscal general actúa “al servicio exclusivo de los intereses del partido Libertad y Refundación (Libre) y de la familia Zelaya Castro”.
El Partido Nacional sostuvo que al promover este proceso, el Ministerio Público “desconoce la autonomía de un órgano constitucional” y “evidencia su sometimiento político”.
“Siguen el mismo guion del chavismo en Venezuela: la criminalización de la oposición, la persecución de quienes piensan distinto y el intento de someter a las instituciones que no obedecen al poder”, señala el documento.
A 26 días de las elecciones, PLR demuestra su desesperación ante el castigo que recibirá en las urnas, utilizando nuevamente al Ministerio Público como arma de coacción y desconociendo la autonomía del Tribunal de Justicia Electoral. pic.twitter.com/llTadZkYcp
— Partido Nacional (@PNH_oficial) November 4, 2025
La agrupación política advirtió que la solicitud de antejuicio se presenta a tan solo 26 días de las elecciones generales, y acusó al oficialismo de “profundizar su ofensiva autoritaria utilizando la ley como disfraz y las instituciones como armas para imponer miedo y control”.
Solicitud de antejuicio
El lunes por la noche, la UECDE interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra los magistrados del TJE.
El Ministerio Público acusa a Flores Urrutia y Barahona Rodríguez de haber emitido resoluciones sin la participación del tercer miembro del pleno, en contravención de la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
De acuerdo con la acusación, los magistrados resolvieron una recusación presentada por un ciudadano sin seguir el procedimiento establecido, al no suspender el expediente principal ni convocar a un magistrado suplente.
También se les atribuye haber ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados, sin contar con el quórum requerido.
