A juicio de Enrique Ortez Sequeira, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde el momento en que los actores de las elecciones internas pueden repetir en las generales, no tiene sentido de que se realicen comicios primarios.
Independientemente de que la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la restricciones que tenían quienes participaron en comicios primarios, se debe respetar, este fallo amerita un “verdadero análisis”, pensando en el futuro del país, dijo el magistrado.
En ese sentido, Ortez Sequeira afirmó que la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas “está agonizando”, por lo que urge un pacto político para crear una nueva y darle fortaleza al TSE y a los mismos partidos.
La semana pasada, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejó en suspenso los artículos 116 y 131 de la Ley Electoral y dio la opción de participar en las generales a los ciudadanos que ya se postularon en las primarias y que no recibieron el calor popular.
Esto podría dar lugar a una avalancha de sustituciones de candidatos a cargos de elección popular por parte de los partidos políticos.
Potencial ahorro
Según Ortez, el Estado se estaría ahorrando más de 700 millones de lempiras, que es el costo aproximado de las elecciones internas, considerando que ya no tiene sentido realizar los comicios si en las generales los candidatos perdedores pueden repetir.Ahora, con la resolución de la Corte Suprema de Justicia, hasta los partidos políticos se pueden ver disminuidos en su membresía pues cualquiera de sus miembros que no pudieron tener éxito en las primarias, pueden emigrar a otro partido y probar suerte desde otra arena política.“Desde 2009 que pasaron las elecciones, el Tribunal sostuvo que había necesidad de hacer una reforma sustancial a la Ley Electoral para que no se cambiaran las reglas del juego, que no hubiera manipulación a través de las credenciales”, recordó Ortez Sequeira.
Sin embargo, la propuesta del TSE no tuvo eco en el Congreso Nacional al no darle trámite a un proyecto de ley que creaba una nueva Ley Electoral.
