“Fe y Esperanza”, así fue bautizada la operación mediante la cual el gobierno de Honduras pretende recuperar el control de las cárceles a nivel nacional luego de varias reyertas mortales registradas en los últimos meses.
La Policía Militar de Orden Público (PMOP) tomó las riendas de los centros penitenciarios y ejecutó “sometimiento y extracción de privados de libertad” en la Penitenciaría Nacional de Támara, donde se decomisaron armas y drogas.
Se hallaron armas de grueso calibre, droga, munición y hasta granadas. También tenían escondidos teléfonos celulares, señal de wifi y cables, al igual que una plantación de hoja de marihuana.
DATO
La “Operación Fe y Esperanza” arrancó en la madrugada del lunes con una jornada de oración con todos los miembros de la PMOP que participarían en los operativos.
Varios pandilleros fueron sacados en ropa interior a los patios de la cárcel, sentados en una fila con sus cabezas abajo, recordando imágenes de la intervención en las cárceles de El Salvador.
Por su parte, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, mencionó que las actividades en las cárceles tienen como objetivo de que estas dejen de ser “escuelas del crimen y romper el ciclo con el crimen organizado”.
NUEVO MANDO
Luego de la matanza de 46 reclusas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el martes 20 de junio, la presidenta ordenó la destitución de Julissa Villanueva como interventora y colocó a la Policía Militar por un año tomar el control.
El nuevo mando de las cárceles bajo la tutela de la PMOP establece diversos aspectos marcados en el PCM 28-2023, como la emergencia en el sistema penitenciario hasta el 23 de junio de 2024.
De esta manera, la Policía Militar tendrá la autoridad, control, manejo y administración del Sistema Penitenciario Nacional, en lo que respecta al Instituto Nacional Penitenciario (INP).
A su vez, el PCM establece que queda en suspenso de manera temporal las funciones del Consejo Directivo del Sistema Penitenciario Nacional.
En el caso de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la Policía Militar deberá solicitar la colaboración y apoyo de los entes y organismos del Estado rectores en materia de protección y defensa de los derechos de la mujer, “para garantizar la observancia de las leyes y tratados internacionales que regulan la materia”, reza el decreto ejecutivo.
Quedará fuera de la intervención el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI).
