La Comisión Interventora del Ministerio Público (MP) rechazó que las acciones tomadas durante su primer mes en función obedezcan a una “persecución política”, como acusó Luis Alberto Rubí, fiscal general, suspendido del cargo.
Lino Tomás Mendoza, miembro de la comisión, afirmó que la misma está comprometida en el ejercicio de la acción para la cual fue nombrada y que hasta hoy “no hay el menor indicio de que la acción es política”.
“Es presión de la sociedad civil, de los organismos de cooperación, presión internacional que siente que el ejercicio de la acción penal no se ha realizado dentro de las aspiraciones de la sociedad y lo que impone la ley”, añadió. Como criterio personal, Mendoza opinó: “El Ministerio Público tiene grandes falencias. Las mejores oficinas, con aire acondicionado, con muebles finos, con toda la estructura, las tiene el personal administrativo y los fiscales que realizan el operativo parecen un mercado persa”. Además aseguró que la institución cuenta con personal supernumerario, por acuerdo y por contrato, a pesar de que no tiene estructura presupuestaria para las contrataciones.
El desfase presupuestario es de 1,400,000 lempiras para lo que queda del año, reveló. “Hasta hoy no se han renovado contratos de 90 personas y se siguen haciendo los análisis de los problemas.
La falta de coordinación institucional entre el Ministerio Público y los demás operadores de justicia, como la Policía en el campo de la investigación operativa, la unidad de Investigación Financiera de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República, de tal manera que estamos encaminados a encontrar las debilidades y las fortalezas y buscar alternativas de solución”, manifestó.
Luis Alberto Rubí dijo ayer que el Ministerio Público se encuentra anarquizado, con la moral en el suelo, debido a una persecución contra los empleados que busca hallar cualquier acto o hecho para magnificarlo.
