El Ministerio Público presentó este lunes un nuevo requerimiento fiscal contra Gabriel Rubí, exministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), por la supuesta compra fraudulenta de percoladoras y otros electrodomésticos durante la pandemia de covid-19 en Honduras.
Los requerimientos se extienden también para representantes legales de empresas de fachada, quienes durante la pandemia de covid-19, “compraron productos sobrevalorados como percoladoras y otros artículos, los cuales no eran esenciales para hacerle frente a la emergencia sanitaria”, indicó el MP.
La Fiscalía señaló que las autoridades de Copeco en ese entonces “realizaron adquisiciones directas de productos sobrevalorados para lo cual se confabularon con supuestos representantes legales de empresas de fachada y con ello adquirir percoladoras, lavadoras, secadoras, televisores, camas y otros artículos”.
En este caso están imputados Gabriel Alfredo Rubí Paredes, exministro de Copeco, Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras, y Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo-financiero. Se les acusa de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
También, se señala a Odalis Jazmín Martínez Maldonado por fraude y usurpación de funciones públicas; Junior Alexander Benítez González, Pedro Antonio Núñez y Mireya Patricia Paz Barahona por fraude.
Este nuevo requerimiento contra el exministro de Copeco se presenta días después de que un juez lo envió a Támara por acusaciones de fraude en el caso que se le sigue por la supuesta compra fraudulenta de ventiladores mecánicos durante la pandemia de covid-19 en Honduras. Este lunes 14 de octubre es la audiencia inicial por esa imputación.
Las indagaciones del MP revelan que el esquema de corrupción consistía en que algunos imputados simulaban ser funcionarios de Copeco con la finalidad de aparentar negociaciones lícitas con una empresa distribuidora de productos y dentro de esa misma trama para ocultar las irregularidades solicitaban que las ventas se facturaran a nombre de empresas de fachada.
“Estas empresas compraron los productos con una facturación inicial a los siete millones de lempiras y, Copeco en confabulación con esas mismas empresas, sobrevaloraron esos mismos productos, adquiriéndolos por un precio superior a los 12 millones de lempiras”, agrega la investigación del ente persecutor del delito.
Afirma, además, que la sobrevaloración en la compra es de más de cinco millones de lempiras del costo real al pago que realizó Copeco a estas empresas.
“Esta supuesta red de corrupción estructurada en Copeco operó aprovechándose de la crisis que estaba atravesando la población hondureña”, develó el Ministerio Público.